Los arqueólogos Cristóbal Pérez Bareas y Juan Antonio Cámara Serrano informaron a la Junta la importancia del yacimiento, y de sus estructuras defensivas. De poco sirvió: los ojos de la Junta y del Ayuntamiento estaban lejos de Marroquíes Bajos. Era la época del caso malaya. Y de estructuras paralelas para facilitar la urbanización injusta con apariencia de gozar con todos los parabienes de la Ley: el prodecimiento de urgencia" Urgía poner tierra adentro, destruir, contaminar y urbanizar injustamente pero guardando apariencia del buen derecho. La Junta llegaría a plantear con el Ayuntamiento un contencioso que la Junta perdería por defecto de forma, para así justificar una intervención judicial; y la coartada perfecta ¡hay una sentencia! A partir de ahí: "quien contamina paga", "quien destruye, paga" ( cfr Zafra, Narciso) y ya de ahí: por que pago, destruyo, contamino y urbanizo con todos los parabienes. Un uso fraudulento de la Ley con todas las de la Ley, al menos la de la ley de la selva. http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/1995_URGENCIAS_web.pdf