La Junta de Andalucía -y sus representantes en Jaén- conoció que el yacimiento H4 iba a ser sepultado bajo toneladas de tierra arcillosa. La Delegada de Cultura ordenó el archivo sin más tanto de denuncias de vertidos, como de los recursos y reclamaciones de afectados. Al ser un Bien de Interés Cultural desde 2007 durante los movimientos de tierra debió estar presente un arqueólogo para comprobar la naturaleza del vertido y si era legal. La Junta de Andalucía recomendó cubrir con grava compactada, que es material inerte, pero su valor es de 60€ m3. En su lugar vertieron arcillas, material no inerte ni física, ni química, ni biológica mente. Convirtieron las canalizaciones interfosos en un vertedero de tierras no autorizado. Ni la Guardia Civil, ni la policía local acudieron a levantar atestado. Cuando la Fiscalía ordenó que la policía judicial acudiera ésta hizo un informe donde identificaban la empresa, pero "no pudieron determinar la naturaleza del vertido". La policía hizo todo lo posible para mirar a otro lado. Ni siquiera pidieron a los operarios la guía de las descargas.