La quiebra de la ética pública
El trágico accidente ferroviario de Urda ha vuelto a teñir de luto las vías de nuestro país. No estamos ante un hecho aislado ni ante una fatalidad imprevista; es la consecuencia directa de un deterioro acumulado, de avisos ignorados y de una gestión de la red ferroviaria que lleva demasiado tiempo dando señales de alarma más que evidentes.
El ejercicio del poder de un cargo público con responsabilidad exige un estándar ético riguroso que, en esta crisis, brilla por su ausencia y se ha roto por completo. Hoy asistimos a la desconcertante perplejidad del señor ministro ante la posibilidad de dimitir, una actitud compartida por el señor presidente del Gobierno, que se niega a cesarle.
Por eso es necesario explicar en qué consiste esa ética que o bien no conocen o bien deciden ignorar:
Un cargo público debe ser responsable y rendir cuentas, asumiendo las consecuencias directas de los fallos estructurales de su gestión. Nunca debe buscar coartadas, escudarse en la fatalidad ni desviar la culpa. Debe dar la cara y asumir el coste político de los errores que cuestan vidas. Eso se llama responsabilidad Institucional.
Un cargo público debe ser transparente y honesto. Decir la verdad sin filtros es innegociable; minimizar la gravedad, maquillar la realidad o intentar controlar el relato político es, en definitiva, ocultar la verdad.
Mentir a los ciudadanos supone una traición flagrante a la confianza pública, rompiendo ese contrato moral inquebrantable que exige proteger los intereses y la seguridad de la sociedad.
Un cargo público debe anteponer la seguridad de las personas a cualquier medalla política. Tiene la obligación imperativa de escuchar a los técnicos y poner los medios necesarios para evitar tragedias. Actuar de otro modo es una negligencia moral imperdonable.
La dimisión como único camino hacia la dignidad democrática
Un ministro de Transportes no puede mantenerse en su puesto cuando la red colapsa hasta el extremo de segar vidas humanas. Las palabras de consternación y los protocolos de pésame institucional llegan tarde y resultan vacíos cuando se acompañan de la inacción y del bloqueo a la asunción de culpas.
La dimisión solicitada no es un acto de revancha partidista, sino un imperativo ético y democrático. Es el punto de partida indispensable para iniciar una depuración profunda de responsabilidades, limpiar las instituciones y garantizar una auditoría real y transparente de todo el sistema ferroviario.
A todas las personas que habéis firmado y apoyado esta petición: gracias. Vuestra voz es hoy el único contrapeso ético frente a la opacidad institucional. Vuestra firma recuerda que la vida y la seguridad de los ciudadanos están por encima de cualquier despacho o sigla política.
Exigimos dimisiones, exigimos ética en el servicio público y exigimos un transporte seguro.