Porque queremos: i) recuperar el carácter público de la educación como un derecho y asumir la función educativa como una prioridad nacional; ii) colocar a las escuelas y las aulas como el centro y la prioridad del sistema educativo y promover el desarrollo profesional de los maestros y maestras; iii) que los gobiernos federal y estatales asuman su responsabilidad educativa con transparencia y rendición de cuentas; iv) promover la participación de la ciudadanía, en especial de maestros, maestras, estudiantes y padres de familia, en la gestión del proceso educativo desde las escuelas; v) garantizar los derechos laborales de los trabajadores de la educación y una genuina representación de sus intereses bajo principios democráticos; y vi) evitar la injerencia de la cúpula sindical sobre el sistema educativo y en especial sobre el desarrollo de la carrera profesional del personal educativo.