Es de suma importancia que los ciudadanos reaccionen ante el embate directo y sin sentido de la legislatura hacia los Colegios Profesionales, al querer eliminar el requisito de Colegiación compulsoria. Los Colegios son entidades cuasi-públicas que aseguran la fiscalización entre pares profesionales para asegurar que los servicios profesionales prestados a la ciudadanía cumplen con los mas altos estándares de profesionalismo. La colegiación debe seguir siendo compulsoria, en tanto que son los Colegios, a través del trabajo voluntario de los profesionales, los que canalizan el interés apremiante del estado de asegurar el acceso de los profesionales a educación continua y certificaciones provistas por el Estado, y al desempeño ético de la disciplina profesional de que se trate.
Los colegios profesionales tienen plantillas administrativas reducidas y operan mayormente con el trabajo voluntario de colegiados(as) que ofrecen cientos de horas de su tiempo y peritaje. Es por eso que resulta ser un contrasentido concentrar nuevamente en el gobierno la función que ejercen los colegios profesionales. Cuando se ha defendido la reducción del aparato gubernamental, a través de las Juntas Examinadoras le sería imposible al gobierno realizar el trabajo que hacen los colegios profesionales. De eliminarse la colegiación compulsoria, el gobierno tendría que asumir de forma inmediata la carga total de las responsabilidades que hoy delega en los Colegios Profesionales. Sin duda, la correspondiente ampliación de funciones gubernamentales costará decenas de millones de dólares al gobierno, contraviniendo la política pública y los esfuerzos de la propia administración por impulsar la eficiencia y reducir el aparato gubernamental.
Oposición a la Eliminación de la Colegiación Compulsoria.
Saludos,
Señores Legisladores, exigimos no alterar las instituciones de los Colegios Profesionales de Puerto Rico, por ser entidades cuasi-públicas que aseguran que el Estado y los profesionales cuentan con los mecanismos para asegurar que los servicios prestados a la ciudadanía son de calidad y cumplen con los más altos estándares de profesionalismo, interés apremiante del Estado.
Atentar contra los Colegios Profesionales es poner en riesgo a la salud y la seguridad de los puertorriqueños al quedar las profesiones huérfanas de controles de sus pares y dependiendo totalmente en la agilidad y efectividad del Gobierno para su fiscalización. Si consideramos que en Puerto Rico las profesiones colegiadas cubren los campos de la educación, la salud, la administración pública, las finanzas, la construcción, las ciencias, la agricultura, la industria agro-pecuaria y los servicios técnicos especializados, es inevitable concluir que eliminar la colegiación compulsoria tendrá un efecto detrimental en la calidad de vida de los puertorriqueños y en la gobernabilidad del país.
Los Colegios Profesionales son entidades cuasi gubernamentales, creadas por ley, con el propósito principal de asistir al Estado en la protección de la salud, la seguridad y el bienestar del pueblo puertorriqueño. Bajo el ordenamiento actual, el Gobierno descansa en los colegios profesionales para promover los mejores estándares de práctica profesional, asegurar que sus profesionales estén al día con lo más reciente del conocimiento, asesorar al gobierno en asuntos relacionados a sus respectivos campos e impartir educación y servicios gratuitos a la comunidad.
Prescindir de la obligación que supone a todos los profesionales el pertenecer a un Colegio Profesional atenta en contra de la implantación uniforme de estándares y de la apropiada reglamentación de los servicios profesionales en el país, dejando al pueblo indefenso ante prácticas inapropiadas de profesionales fatulos o inescrupulosos.
Los colegios profesionales son organizaciones afines a las organizaciones sin fines de lucro: tienen plantillas administrativas reducidas y operan mayormente con el trabajo voluntario de colegiados que ofrecen cientos de horas de su tiempo y peritaje. Es por eso que le sería imposible al gobierno realizar el trabajo que hacen los colegios profesionales por el mismo costo. De eliminarse la colegiación compulsoria, el gobierno tendría que asumir de forma inmediata la carga total de las responsabilidades que hoy delega en los colegios profesionales. Sin duda, la correspondiente ampliación de funciones gubernamentales costará decenas de millones de dólares al gobierno, contraviniendo la política pública y los esfuerzos de la propia administración por impulsar la eficiencia y reducir el aparato gubernamental.
Aun hay mas si analizamos el aspecto económico, los colegios profesionales son organizaciones afines a las organizaciones sin fines de lucro: tienen plantillas administrativas reducidas y operan mayormente con el trabajo voluntario de colegiados que ofrecen cientos de horas de su tiempo y peritaje. Es por eso que le sería imposible al gobierno realizar el trabajo que hacen los colegios profesionales por el mismo costo. De eliminarse la colegiación compulsoria, el gobierno tendría que asumir de forma inmediata la carga total de las responsabilidades que hoy delega en los colegios profesionales. Sin duda, la correspondiente ampliación de funciones gubernamentales costará decenas de millones de dólares al gobierno, contraviniendo la política pública y los esfuerzos de la propia administración por impulsar la eficiencia y reducir el aparato gubernamental.
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