Ayuntamiento de Barcelona: No a la prohibición de la recogida de objetos abandonados en la calle.


Ayuntamiento de Barcelona: No a la prohibición de la recogida de objetos abandonados en la calle.
El problema
Exigimos al Ayuntamiento de Barcelona, la retirada del articulo 63.2 d de la Ordenanza sobre el uso de las vías y los espacios públicos de Barcelona (OUVP). En dicho artículo se prohíbe, bajo sanción económica: “Escoger y/o seleccionar residuos depositados en la vía pública, incluyendo los que hay dentro de los contenedores”.
Razones Sociales
Estamos viviendo una época difícil para muchos, familias enteras están sin ingresos y sin ayudas públicas de ningún tipo. Recoger materiales u objetos de la calle o de los contenedores, es para muchos, la diferencia entre comer y no comer.
Si bien es lógico que haya un control sobre el material de desecho y materia susceptible de ser reciclada, prohibir usar esa materia, que recordemos, se ha desechado, para obtener unos pocos recursos es claramente un perjuicio para grupos sociales que ya están en el margen de la exclusión social.
Si el objetivo es evitar el lucro organizado en organizaciones ilícitas hay recursos legales existentes para regular esa actividad económica, en el punto de venta, por ejemplo. La herramienta de multar a quien lo haga, independientemente de la cantidad de material o de objetos que retire de la vía pública, genera un perjuicio para los ciudadanos.
Razones Ecológicas
En el punto 6 de los objetivos de la Agenda 21, asumida por el Ayuntamiento de Barcelona se dice: “Reducir la producción de residuos y fomentar la cultura de la reutilización y el reciclaje”. En realidad, responde a las conocidas 3R: Reducir, Reutilizar, Reciclar.
No es lógico decir que se quiere fomentar la reutilización y multar a quien retire un objeto, mueble, etc. de alguien que se quiere desprender de él, el día de recogida, por ejemplo.
Parece que el Ayuntamiento quiere ostentar el monopolio del reciclaje y la reutilización, cuando este debería considerarse un servicio público, no un negocio. Extraer rentabilidad del reciclaje municipal es deseable, aunque sea para sufragar los gastos que genera la propia recogida. Lo que no es tan deseable es prohibir y multar quien de forma particular quiera hacerlo.

El problema
Exigimos al Ayuntamiento de Barcelona, la retirada del articulo 63.2 d de la Ordenanza sobre el uso de las vías y los espacios públicos de Barcelona (OUVP). En dicho artículo se prohíbe, bajo sanción económica: “Escoger y/o seleccionar residuos depositados en la vía pública, incluyendo los que hay dentro de los contenedores”.
Razones Sociales
Estamos viviendo una época difícil para muchos, familias enteras están sin ingresos y sin ayudas públicas de ningún tipo. Recoger materiales u objetos de la calle o de los contenedores, es para muchos, la diferencia entre comer y no comer.
Si bien es lógico que haya un control sobre el material de desecho y materia susceptible de ser reciclada, prohibir usar esa materia, que recordemos, se ha desechado, para obtener unos pocos recursos es claramente un perjuicio para grupos sociales que ya están en el margen de la exclusión social.
Si el objetivo es evitar el lucro organizado en organizaciones ilícitas hay recursos legales existentes para regular esa actividad económica, en el punto de venta, por ejemplo. La herramienta de multar a quien lo haga, independientemente de la cantidad de material o de objetos que retire de la vía pública, genera un perjuicio para los ciudadanos.
Razones Ecológicas
En el punto 6 de los objetivos de la Agenda 21, asumida por el Ayuntamiento de Barcelona se dice: “Reducir la producción de residuos y fomentar la cultura de la reutilización y el reciclaje”. En realidad, responde a las conocidas 3R: Reducir, Reutilizar, Reciclar.
No es lógico decir que se quiere fomentar la reutilización y multar a quien retire un objeto, mueble, etc. de alguien que se quiere desprender de él, el día de recogida, por ejemplo.
Parece que el Ayuntamiento quiere ostentar el monopolio del reciclaje y la reutilización, cuando este debería considerarse un servicio público, no un negocio. Extraer rentabilidad del reciclaje municipal es deseable, aunque sea para sufragar los gastos que genera la propia recogida. Lo que no es tan deseable es prohibir y multar quien de forma particular quiera hacerlo.

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Petición creada en 4 de diciembre de 2013
