El Rector de la Universidad de Almería, Pedro Molina Garcia, ha incumplido claramente la ley de incompatibilidades de altos cargos al aceptar aesorar a una entidad financiera privada al tiempo que gestiona el dinero público. No es un delito penal, pero si una falta administrativa muy grave que corresponde a la Junta de Andalucía sancionar.

José Antonio Griñán, del mismo partido político que el referido rector, dejó la Presidencia de la Junta de Andalucía sin querer hacerlo.

Le exigimos a la actual Presidenta, Susana Díaz, que cumpla con su obligación y ordene la apertura del correspondiente expediente sancionador. La ley debe ser igual para todos, incluidos los políticos y altos cargos, quienes especialmente han de velar por el cumplimiento de la misma y asumir las correspondientes responsabilidades en caso de vulneración.

Y si se niega como su predecesor, le pedimos a Izquierda Unida, que ostenta actualmente la Vicepresidencia de la Junta, que se lo exija a la Presidenta, pues de no hacerlo se convierten en cómplices de la falta administrativa y de la falta de ética y del presunto caso de corrupción al que da lugar la vulneración de la ley de incompatibilidades, máxime en el contexto de privatización encubierta que se está produciendo en muchos ámbitos de la Universidad de Almería. También se lo pedimos al resto de fuerzas políticas.

Y, finalmente, solicitamos a la fiscalía anticorrupción que investigue si la Universidad de Almería contrata con empresas de la entidad financiera a la que asesora Pedro Molina García, lo que esto sí podría constituir un delito penal.