La Ley de Sostenibilidad y Racionalización de la Administración Local, que actualmente se encuentra en el Senado, y pronto pasará de nuevo al Congreso para ser aprobada, supone un ataque sin precedentes a los servicios públicos más cercanos al ciudadano, como son los que prestan los ayuntamientos. En particular, los servicios más afectados son los servicios sociales, igualdad y educación.

Esta Ley, no es sino el reflejo de una ideología obsesionada con reducir los servicios públicos, especialmente los que tienen un mayor contenido social, como es la educación, la sanidad y, en este caso, los servicios sociales.

El presente y futuro de los derechos sociales pasan por la privatización o la desaparición.

La fórmula del cambio de vínculo de personal laboral indefinido a funcionario interino (considerada ilegal por Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias) entronca con lo expuesto hasta ahora. Si ya como laborales indefinidos estamos en una situación precaria, como funcionarios interinos la precaridad se multiplicaría, y al gobierno del Partido Popular en El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria le sería muy sencillo destruir empleo público a coste cero, destruyendo al mismo tiempo la calidad de los servicios y teniendo la excusa perfecta para privatizar o extinguir prestaciones a los ciudadanos y ciudadanas.

¡NO A LA PRECARIEDAD LABORAL!

¡POR UNOS SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD!

¡POR NUESTROS DERECHOS SOCIALES!