Observamos como numerosas empresas del sector que no cumplen con el Convenio Colectivo, no abonan el salario a sus trabajadores y trabajadoras de forma puntual, defraudan a la Hacienda Pública y a la Seguridad Social al no cotizar las horas extraordinarias, no imparten la formación obligatoria y necesaria a sus trabajadores y trabajadoras, obvian la prevención de Riesgos Laborales, coaccionan a sus trabajadores y trabajadoras para que acepten modificaciones en sus condiciones de trabajo, etc. etc., son adjudicatarias de servicios de Vigilancia y Seguridad por parte de las diversas Administraciones Públicas.
Entendemos que la Administración, no puede o no debe permitir, que con nuestro dinero (de todos los contribuyentes) se adjudiquen servicios a estas empresas incumplidoras y defraudadoras. Es fácil recordar casos de empresas, donde sus dueños están imputados por estos hechos, otros muchos empresarios procediendo de esta misma manera están impunes, y sin embargo, están recibiendo muchos millones de euros en concursos públicos.