Nos consideramos afectados , a pesar de que se nos ha concedido esta subvención , ya que desde su inicio en el año 2008 , han sido constantes , públicos y conocidos los retrasos , los problemas , la lamentable gestión , en definitiva , afectados por una subvención que nunca llega y en la que nadie parece hacer nada para solucionarlo. Tanto el Defensor del Pueblo de España como los distintos Defensores del Pueblo en las Autonomías que lo tienen , es conocedor de esta situación desde su principio , no sólo por las quejas de los solicitantes sino por sus propias declaraciones e informes donde la RBE ha sido desde entonces uno de los motivos de queja mas numerosos recibidos por su institución. Recordamos que la ley que regula estas ayudas , en su desarollo establece que son dos meses los establecidos para empezar a recibir la subvención desde su solictiud . La realidad sin embargo , nos demuestra que nadie está recibiendo el dinero en ese plazo y no son pocos quienes llevan esperando mas de un año en recibir algo de lo prometido. Esta situación es especialmente perjudicial en los jóvenes , con una tasa de paro como la existente y con unos sueldos por los suelos , lo que está llevando a muchos de los que se pudieron emancipar en su momento contando con ese dinero a volver a casa de sus padres , una situación anómala en Europa. Queremos denunciar también la injusticia que se está cometiendo con los que en un principio se les concedieron las ayudas y llegaron a recibir el dinero y ahora meses o incluso años después , el Estado establece que ese dinero no les correspondía y no sólo les obliga a devolver el dinero sino que además lo obliga a devolver con intereses. Nuestra denuncia va encaminada no a que se haga devolver el dinero entregado a gente que no le correspondía , sino a que el Estado quiera cobrar los intereses por la devolución de la RBE , cuando dichos intereses no nos corresponden a los que llevamos meses esperando recibir las ayudas , a lo que hay que sumar el perjuicio causado por la dilación en el pago. Entendemos que el Defensor del Pueblo debe proteger a los ciudadanos ante los abusos del Estado o de las Administraciones Públicas . Nuestro caso cumple todos los requisitos de cualquier libro de Derecho.