¿Cómo te sentirías si de repente te llegara hoy una notificación avisándote de que debes abandonar inmediatamente tu casa (o, incluso, informándote de que la casa donde vives va a ser demolida) debido a que el Ayuntamiento cometió un error procedimental en la tramitación, hace 16 años, de los planes urbanísticos correspondientes a tu barrio o ciudad?

La misma cara de asombro e indignación es la que se les quedó a las 10.000 familias del barrio de Valdebebas (Madrid) a quienes este año iban a entregar sus casas, después de muchos años de esfuerzo ahorrando para poder acceder a una vivienda (en la mayoría de los casos, viviendas de protección pública básica), y que ahora están sometidas en una incertidumbre constante debido nada más ni nada menos que a un error del Ayuntamiento cometido en la tramitación del Plan General del año 1997, que llevó a la anulación judicial de dicho Plan y a la consecuente ilegalidad de su barrio. Estos vecinos tienen que hacer verdaderos milagros para poder pagar simultáneamente todos los meses el alquiler de la vivienda donde viven y la aportación a la cooperativa o a la hipoteca de la casa a la que, tras un año de retraso, todavía no pueden entrar.

Y lo más asombroso es que todo se debe a un error puramente burocrático y procedimental, pues la urbanización está ya terminada y las casas están en perfecto estado y listas para habitar.

El caso de Valdebebas es sólo uno de los más sonados en la prensa por la cantidad de vecinos afectados, pero hay muchos más casos repartidos por toda España (los vecinos de Arroyofresno, por ejemplo, también vieron cómo se declaraba ilegal su barrio sólo porque aparentemente el juez se equivocó al interpretar el sentido de una flecha en un mapa).

Todos estamos potencialmente expuestos a vivir cualquier día un caso similar. ¿La razón? Una legislación obsoleta e ineficaz que pone a la burocracia por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, y que, en definitiva, ha sido responsable en gran medida de la imagen que tiene España de "país bananero" en el que ninguna empresa se atreve a invertir, pues cualquier comercio que pretenda crear o casa que pretenda construir, puede mañana ser declarado ilegal por un error de la administración pública de turno.

Es importante destacar que esta iniciativa no pretende en absoluto la impunidad de los políticos o de los Ayuntamientos por las infracciones que cometan de la legalidad, sino únicamente que no sean "los de siempre", los ciudadanos de a pie, los que tengan que soportar las consecuencias de esos errores sobre los que tienen ninguna culpa.

Tu firma es muy necesaria para que esta petición pueda ser escuchada por quienes tienen a su alcance la posibilidad de crear un marco jurídico más justo que pueda devolver la esperanza a las miles de familias afectadas.

¡Contamos contigo!