Pedimos al gobierno que, como una de las vías para salir de la crisis, nacionalice Repsol. Según el artículo 128 de la Constitución Española de 1978, "toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general". Por eso, y ante el actual contexto de crisis socioeconómica del que la empresa Repsol es una de las culpables (a causa de los despidos masivos en Tarragona, Puertollano y Madrid entre otros), pedimos al gobierno español que actúe en consecuencia y aplique dicho artículo, puesto que los recursos energéticos son de la ciudadanía. Queremos defender lo público y el papel de lo público en la economía. El Estado debe reequilibrar el mercado, no sólo corregirlo. Por eso es imprescindible recuperar empresas públicas privatizadas, especialmente en los sectores estratégicos como el energético. Además, ante el actual contexto de crisis económica, social, energética y medioambiental que vivimos, la única salida es la gestión racional de nuestros recursos energéticos. En este sentido es imposible avanzar hacia un mundo post-petrolero mientras el control de los campos y de la actividad petrolera esté en manos de empresas privadas. De este modo, el control público de una empresa como Repsol es un paso para avanzar hacia una economía que no degrade nuestros ecosistemas.