Por considerar de utilidad pública la potenciación de los programas de Medicina Complementaria y Alternativa y su inclusión en la prestación de servicios del Sistema Público de Salud. Puesto que la medicina alternativa abarata costes, al no depender de grandes multinacionales farmacéuticas y amplia derechos en la medida que las personas y las familias disponen de alternativas en la promoción de la salud. La salud es un derecho de todos/as.