Porque el Registro Civil debe seguir siendo público y gestionado en la esfera de la Administración de Justicia para así garantizar la plena confidencialidad de los datos que contiene.

Debemos garantizar asimismo el acceso libre y gratuito de todos los ciudadanos.

No puede entregarse a Registradores Mercantiles y Notarios (privilegiados funcionarios públicos sometidos a arancel) ya que es seguro recibirán alguna compensación económica por el servicio que se les pretende encomendar.