El proceso para descubrir y judicializar un caso de fraude fiscal, especialmente en los casos de más cuantía, requiere un tiempo que se acerca mucho al momento en que tales delitos prescriben. El plazo debería extenderse para que sea de al menos 10 años en vez de los actuales 5. Adicionalmente, para los casos de personas que participen en el ámbito de gestión pública ejerciendo un cargo público, el plazo debería ser incluso mayor, para que la ciudadanía perciba que los políticos dan ejemplo con su conducta y responsabilizándose de su gestión.