El 20 de Diciembre de 2013, ha visto la luz un Anteproyecto de Ley por el que se modifica la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las mutuas de accidente de trabajo de la Seguridad Social, en el cual, entre otras cosas, dispone que antes de finales del 2014, las Sociedades de Prevención de Riesgos Laborales (10.000 trabajadores) deben venderse o disolverse.

Esto no sólo va a suponer, miles y miles  de despidos, sino también la precariedad laboral en todo el sector que sobreviva. Lo que implicara más aun que se deje sin prevención objetiva y de calidad a todos los trabajadores de este país, fomentando el incumplimiento del artículo 14.1 de la LPRL que indica claramente que los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.

La seguridad laboral debe ser un derecho fundamental de suma importancia del que depende tanto la incapacidad del trabajador e incluso la muerte.

Los firmantes están totalmente en contra de la venta de las Sociedades de Prevención y más en contra de su disolución, y exige del Gobierno que se establezca un sistema que garantice la independencia de los profesionales de la prevención para evitar la posibilidad de choque de intereses entre quiénes se ocupan de las labores preventivas (técnicas y sanitarias), y quién tiene el deber de protección (empresario). Asimismo garantizar la independencia de los profesionales de Servicios de Prevención Ajenos, al prestar el Servicio bajo contrato mercantil, dónde se buscan los precios más bajos, así como la presión hacia éstos profesionales que se someten a diario a estilos de dirección por objetivos.