Los servicios públicos regionales en Castilla-La Mancha vienen sufriendo desde el comienzo de la crisis financiera un deterioro constante debido a los recortes aprobados por los gobiernos de este país, antes socialista y ahora popular. A esto se une la situación crítica que viven los trabajadores de la región, con una tasa de paro actual del 28,42%, y con un incremento notable en los últimos meses en el sector de las Administraciones. Para garantizar unos servicios públicos de calidad son necesarios todos y cada uno de los trabajadores que actualmente trabajan para la Administración Regional. Es más, el número de emplead@s públic@s debería ser mayor para llevarlos a cabo con normalidad. Sin embargo, el Consejo de Gobierno de esta región, y en concreto, el Consejero de Presidencia y Administraciones Públicas, Leandro Esteban, mantienen como objetivo reducir el número de emplead@s públi@s, empezando por los interinos, siguiendo con los laborales (apoyados en los términos de la nefasta reforma laboral en vigor actualmente) y quién sabe si en el futuro acabando con los funcionarios de carrera, que a pesar de tener hasta el momento garantizada una estabilidad laboral que les permite velar como servidores públicos por la legalidad de todas las acciones llevadas a cabo por los cargos políticos y su séquito de altos cargos que trabajan para la Administración, no pueden descuidarse lo más mínimo, pues en cualquier momento pueden tener la feliz idea de reformar el Estatuto Básico del Empleado Público para despedir libremente a quienes ellos, los políticos, crean conveniente.