De esta homologación depende el trabajo de más de 800 personas, que accedieron a sus puestos sin necesidad de esta formación específica en Mayo de 2006 y que vienen realizando sus funciones en condiciones precarias a través de subcontratas que no les han pagado nunca más de 5 euros la hora trabajada, sufriendo impagos, retrasos, salarios muy por debajo de su categoría profesional, vulneración de sus derechos fundamentales (descanso semanal, vacaciones), etc. Tras llevar casi ocho años soportando esta situación ven como la Junta de Andalucía toma las medidas necesarias para regularizar la situación de los puestos, tomando como principal premisa que estos trabajadores queden excluidos de dicho proceso. Una clara represalia ante la petición de estos trabajadores de respetar las condiciones legales de contratación y no permitir más la precariedad del empleo en puestos de la administración pública.