Como indica el Defensor del Pueblo en su informe "Las medidas de adaptación aprobadas en Madrid, son muy insuficientes para las ne­cesidades que presentan las personas afectadas de dislexia, y además contrasta con las previstas por otras comunidades autónomas para la realización de las mismas pruebas de acceso".

En la Comunidad Autónoma de Cataluña, por ejemplo, se ha llegado a un acuerdo para ofrecer al alumnado disléxico una atención especial que incluye la no penalización por las faltas de ortografía, la adscripción de tribunales espe­cíficos, más tiempo para la realización de las pruebas, e instrucciones específicas para los correctores de las pruebas de lenguas. En Andalucía "se recoge la adaptación de las Pruebas de Acceso a la Universidad, adecuando su organización y corrección al perfil del alumnado disléxico, con el incremento del tiempo de duración de los exámenes, la realización de pruebas con ordenador, y el uso de software de lectura de textos o adaptaciones en la presentación de la información escrita, entre otras medidas".

Ante esta anómala situación y el claro perjuicio que se causa a los alumnos disléxicos que tienen que realizar las pruebas de acceso en la Comunidad de Madrid, el Defensor del Pueblo pide a la Dirección General de Universidades de la Comunidad de Madrid que al amparo del artículo 30.1 de la Ley Orgánica:

  «Que la Comisión Organizadora de la Prueba de Acceso a las Enseñanzas Universi­tarias de Grado de la Comunidad de Madrid establezca un acuerdo, que sustituya o modifique el de 25 de enero de 2012 -por el que se establecieron los procedimientos de la prueba en las universidades públicas madrileñas-, con el fin de introducir medidas específicas de adaptación de acuerdo a las necesidades reales que precisan los alumnos con dislexia para realizar la prueba en igualdad de condiciones que el resto de alumnos".

Esta petición ha sido registrada como pregunta parlamentaria en la Asamblea de Madrid