El próximo mes de septiembre se cumplirán dos años desde que el alcalde de San Miguel Pochuta (Chimaltenango - Guatemala) fuera expulsado de la Municipalidad, acusado de fraude electoral y de llevarse el dinero del pueblo. Desde entonces, el Ministerio Público ha intentado en varias ocasiones y sin éxito, reinstaurarlo en su cargo por la fuerza. Sin embargo, nadie se ha preocupado aún de proteger a los habitantes del municipio de los abusos que sufren.

Las vecinas y vecinos de San Miguel Pochuta viven en un municipio en suspenso, en el que los servicios y los Derechos Humanos han quedado en el aire. Esta situación se suma a la extrema necesidad de muchos pochutecos, que sufren problemas severos: explotación infantil, mala alimentación, necesidad de viviendas seguras, falta de trabajo digno, abusos a mujeres y niñas, falta de oportunidades para los jóvenes, inseguridad, contaminación medioambiental, ausencia de servicios básicos, comunicaciones deficientes, ...

La intervención del Estado en Pochuta es urgente. Pero no se necesita una intervención de la fuerza, sino una que asegure el respeto y la promoción de los Derechos Humanos, que oiga a todas las partes para que se pueda resolver el conflicto y que aúne los esfuerzos necesarios para resolver los graves problemas que el municipio arrastra desde hace décadas.