La Constitución española garantiza la libertad religiosa y la ACONFESIONALIDAD del Estado; por la tanto, todo acuerdo con la Santa Sede debe ser derogado para separar, de una vez para siempre, al Estado de la Iglesia (separación efectiva y real). Además, según el Concordato original de 1953 dice hablar en nombre de la Santísima Trinidad persona no jurídica y por tanto no vinculante.