Porque el Estado ha gastado recientemente 128 millones de euros en la digitalización de los Registros Civiles, y ahora Gallardón quiere privatizarlos y obligar a los ciudadanos a pagar por servicios obligatorios que hasta el momento eran gratuitos, entregando a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles la gestión de dichos Registros, cuerpo al que, no casualmente, pertenecen el Director y Subdirector de los Registros y del Notariado, así como el propio Rajoy, Presidente del Gobierno.

Por ejemplo, enterrar al abuelo con póliza del Ocaso no exigirá desembolso alguno a los familiares, salvo LOS DE LAS TRES CERTIFICACIONES que necesitarán para realizar los distintos trámites subsiguientes, las cuales HABRÁN DE ABONARSE AL REGISTRADOR, a razón de 40 euros cada una que supondrán el abono de 120 euros por deceso, lo que suma 60 millones, solo por este capitulo, a repartir entre 600 registradores.