¿Te imaginas que por decir algo que a tu jefe no le guste te pueda meter en la cárcel hasta dos meses? Pues eso es lo que pasa en el Ejército. Y ahora es el momento de cambiarlo.

En España todavía se puede privar de libertad a un militar hasta dos meses por faltas administrativas, sin la intervención de un juez y en un proceso sin garantías reales de defensa. Hasta tal punto es esto incompatible con los derechos humanos que España tiene que mantener una reserva para no aplicar el Convenio Europeo de Derechos Humanos, en cuyo artículo 6 se establece que sólo un juez independiente puede privar de libertad a una persona.

Esta posibilidad de privar de libertad por faltas administrativas se utilizaba cuando las Fuerzas Armadas no eran profesionales y todavía existía la mili. Pero ahora las mujeres y hombres militares ya son plenamente profesionales, y ya no tiene ningún sentido tratar a estas personas como si fueran todavía soldados de reemplazo a los que no se reconocía ningún derecho.

Hay ejemplos recientes de cómo se utilizan estas sanciones. El subteniente Jorge Bravo, presidente de la Asociación Unificada de Militares Españoles, AUME, dijo públicamente que deberían suprimirse los gastos superfluos en las Fuerzas Armadas en tiempos de crisis, para solidarizarse  con las personas que no tienen trabajo, que lo han perdido todo y que lo están pasando verdaderamente  mal. ¿Sabes qué le pasó? Pasó treinta y tres días encerrado en un centro de internamiento disciplinario, similar a una cárcel militar  

Ahora mismo se está debatiendo en el Parlamento una nueva ley Disciplinaria para los Ejércitos. Es la oportunidad de adaptar esta ley al Convenio Europeo de Derechos Humanos, y dar un paso adelante para modernizar y democratizar las Fuerzas Armadas, adaptándolas al siglo XXI. Ayúdanos.

Firma esta petición y pídele a todos los grupos políticos que la nueva ley suprima las sanciones disciplinarias de privación de libertad y las sustituyan por otras de carácter económico o profesional.