En la provincia de Córdoba no son respetados los derechos de las personas con discapacidad a la hora de hacer uso del transporte público de pasajeros.
Los choferes de los micros y los empleados de boletería por 'orden de la empresa' ( así se justifican), no permiten más de un pasajero con discapacidad con acompañante por coche. Esto es una clara y flagrante violación de la ley, ya que NO EXISTEN RESTRICCIONES EN CUANTO AL "CUPO" que, misteriosamente, siempre está cubierto.

La imposibilidad de viajar no es un tema menor. Sabemos que los Centros especializados y los Profesionales que atienden muchas de las discapacidades ( sobre todo las más complejas) se encuentran en Córdoba capital. Las personas con discapacidad que no cuentan con recursos para viajar se ven impedidas de acceder a un derecho fundamental, como lo es el derecho a la salud porque, sin ningún fundamento, los choferes de los micros, siempre de muy mala manera, se niegan a transportarlas aludiendo que "el cupo está cubierto" y a dicho argumento lo sostienen por ser  "orden de la empresa" (...). No hay que olvidar que en Argentina este y todos los derechos humanos, lo mismo que los contenidos en la Convención, tienen rango constitucional.

Otro de los derechos que también se ve limitado por decisión de los empresarios de transporte ( según lo que expresan sus empleados) en connivencia con los organismos de control oficiales, es el derecho a la educación, porque las pcd , al igual que cualquier persona, tienen derecho a elegir una carrera y a poder trasladarse para cursarla si la misma no se dicta en el lugar donde reside.  Este derecho humano fundamental es esencial para poder ejercitar los demás derechos.

¿ Qué otro derecho se ve afectado? El derecho a la recreación, tan importante como la salud, la educación,  entre otros, debido a sus beneficios en el ámbito del desarrollo social, educativo, personal y comunitario.

En definitiva, podemos afirmar que está en juego la INCLUSIÓN de las pcd en esta provincia.

Tengo un hijo con una discapacidad a nivel neurólogico. Como dicha discapacidad no es "visible", han tenido el atrevimiento de cuestionarla y cuando hemos querido hacer valer nuestros derechos invocando las leyes, el chofer nos ha obligado de manera violenta a descender del vehículo con ayuda policial como si fuésemos delincuentes. Mi hijo se resiste a viajar, ya que cada vez que lo intentamos, vivimos un calvario, no sólo por el famoso 'cupo' que siempre está cubierto sino por el maltrato del que hemos sido víctimas. Expresiones como " los discapacitados creen que pueden hacer lo que quieren" de parte de choferes y empleados de boletería son del tenor más bajo que hemos tenido que soportar. ( Declaración de la madre de un adolescente con discapacidad, DNI 14.826.006)

Otra situación irregular es la no entrega del boleto las veces que hemos conseguido 'cupo'para viajar. ¿Qué tipo de protección tenemos si cuando podemos viajar, lo hacemos como 'polizones', en forma clandestina?

Hay muchísimos testimonios, documentos, y nos hemos cansado de radicar denuncias que nunca prosperan en ningún ámbito, cosa que resulta muy extraña...¿ tendrán algo que ver los funcionarios que tienen a su cargo hacer cumplir la legislación con los empresarios del transporte?¿ Quiénes son los verdaderos propietarios de las empresas de transporte que gozan de tanta impunidad?

Sr. Gobernador, Miembros del Directorio del ERSEP, Empresas de Transporte y demás actores involucrados en el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad: no vamos a seguir tolerando el estado de injusticia que padecen, además de su condición, las personas con discapacidad en esta provincia. Exigimos que se termine de usar  la excusa del 'cupo'. Que todas las personas con discapacidad tengan acceso, como corresponde, a viajar dentro de esta provincia sin restricciones y que sean tratados con el respeto que merecen, ya que antes de ser 'discapacitados', son PERSONAS. Recuerden que las provincias se encuentran naturalmente adheridas a la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad y que la misma posee rango constitucional.