"PROPUESTA DE LIMA" para solicitar protección para las Migrantes Forzadas Venezolanas

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PROPUESTA DE LIMA DE “MUJER Y CIUDADANÍA” DENTRO DEL MARCO DE LA VIII CUMBRE DE LAS AMÉRICAS, PARA SOLICITAR PROTECCIÓN INTERNACIONAL Y ASISTENCIA HUMANITARIA PARA LAS MIGRANTES FORZADAS VENEZOLANAS.

La VIII Cumbre de Las Américas reúne a los Estados miembros de la OEA para discutir sobre “Gobernabilidad Democrática y Corrupción” en cuyo desarrollo se da relevancia a la participación efectiva de los ciudadanos en los proyectos gubernamentales entendiendo que gobernabilidad implica nuevas formas de acción pública y de que su déficit proviene de la falta de confianza en las instituciones públicas y de la ausencia de cohesión social en su control.   Mujer y Ciudadanía  y sus Capítulos asociados  sostiene que  la  gobernabilidad democrática debe promover políticas de igualdad de género y del acceso de las mujeres a las instancias que establezcan políticas públicas y de  generación de instituciones  que atiendan a las  necesidades específicas de las mujeres, para  lo que es preciso fomentar también la incorporación de un enfoque de género en todas las políticas de Estado y entre ellas con especial atención, las de la protección de la población femenina migrante.  En efecto en el tratamiento de la migración es clave la promoción de la igualdad de género, la eliminación de la discriminación y la prevención y sanción de la violencia de género. Es imperativo tener presente en las políticas migratorias y en su ejecución la perspectiva de género.

En este contexto Mujer y Ciudadanía y sus Capítulos asociados considera pertinente plantear ante la VIII Cumbre de las Américas, el tema de la migración forzada en Venezuela, en particular de las mujeres y como se vincula con la corrupción. El gran número de venezolanos que huye del país buscando aliviar la situación originada por las circunstancias imperantes en Venezuela, ha propiciado una red de corrupción en la trata de personas afectando los derechos humanos de la mujer venezolana.  De ello da cuenta el Observatorio Regional de Trata de Personas en América Latina, el cual advierte en su más reciente informe, inconsistencias en la data de organismos públicos, organizaciones sociales e internacionales que revela la ausencia de políticas de seguimiento y el desconocimiento en relación al creciente número de delitos de tráfico de personas en el territorio venezolano. 

Según el Observatorio “con una población de más de 30 millones de habitantes Venezuela es un país de tránsito, origen y destino de personas víctimas del delito de la trata especialmente en las modalidades de explotación sexual y servidumbre doméstica”. Igualmente, el Informe citado destaca que “el clima de inestabilidad política y social la impunidad y la crisis económica hacen de Venezuela uno de los países latinoamericanos más golpeado por este flagelo en los últimos años”. 

Por su parte el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas de Venezuela ha informado de la existencia de Redes internacionales de explotación sexual y trata de blancas en los estados que limitan con Colombia y en Panamá, Curazao y República Dominicana que se dedican a captar a niñas venezolanas a partir de los 12 años de edad con el fin de llevárselas por vía terrestre hacia otros países del continente.  Recientemente la Asociación Civil  venezolana Paz Activa en su Informe “Trata de personas, trabajo forzoso y esclavitud moderna” realizado conjuntamente con el Observatorio del Delito Organizado también de Venezuela y con el soporte técnico de la Embajada del Reino Unido en Caracas, ha señalado que el auge migratorio es un factor de riesgo que fomenta el incremento de víctimas venezolanas de trata de personas que aumentaron 300% en los últimos 2 años; que para el 2018 registran 198.900 víctimas, que si se compara con años anteriores se proyecta que en los próximos 2 años podrían contarse 600.000 venezolanos objeto de esclavitud moderna.

Según el Índice Global de Esclavitud de la Fundación Walk Freeda de 2016 Venezuela ocupa en el lugar 18 de 52 naciones con mayor población en condición de esclavos e indica que de las 198.900víctimas venezolanas 70% son mujeres y 25% niños entre 7 y 14 años. En este Informe se señala la ausencia de políticas para la prevención y visibilización del problema en Venezuela y de una legislación especial pertinente, ya que sólo se aplican disposiciones generales del Código Penal y de la Ley Orgánica sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia (El Nacional martes 27 de marzo de 2018 pág. 10 Sociedad).

Con base a lo expuesto Mujer y Ciudadanía  y sus Capítulos asociados, dado el papel que en la VIII Cumbre de las Américas  se le atribuye a los actores sociales para prevenir, detectar y luchar contra la corrupción promoviendo una cultura de ética ciudadana que permite alertar sobre casos de corrupción, considera  que la trata de personas generada por la migración forzada de mujeres venezolanas debe ser tratada en esta VIII Cumbre con base en el Protocolo para prevenir reprimir y sancionar la trata de personas especialmente mujeres y niños que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada que considera este delito como delincuencia organizada, cuya impunidad por parte de las instituciones públicas afecta gravemente derechos fundamentales de las mujeres y niños.

Mujer y Ciudadanía y sus Capítulos asociados advierte en esta VIII Cumbre de Las Américas respecto de Venezuela que las violaciones a derechos humanos, la violencia e inseguridad, la persecución por opiniones políticas, así como la grave crisis alimentaria y sanitaria han impactado en especial a grupos en situación de vulnerabilidad y discriminación como niños, niñas, adolescentes y mujeres en su mayoría en situación de pobreza. Así lo ha constado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su reciente informe de 2017 “Institucionalidad Democrática, Estado de Derecho y Derechos Humanos en Venezuela” lo que ha determinado su migración forzada como medio de supervivencia que aumenta diariamente incluso por vías clandestinas o irregulares con riesgo de su propia vida y con el desmembramiento familiar que se traduce en la separación de las familias venezolanas.  Situación ésta que la Comisión, en su Resolución 2/18 sobre Migración Forzada de Personas Venezolanas del 2 de marzo de este año, ha calificado de gravedad en razón, entre otras causas, por las violaciones masivas a los derechos humanos la violencia la inseguridad y la persecución política, así como por el cierre de fronteras decretada por el gobierno de Venezuela con Colombia en agosto del 2015 con Brasil en diciembre del 2016 con Aruba Curazao y Bonaire en enero del 2018.  Estas medidas han afectado el derecho de los venezolanos de salir libremente de su país y de solicitar y recibir asilo y la protección que brindan los instrumentos internacionales para los migrantes forzados.  Igualmente, la referida Comisión ha advertido sobre el surgimiento de prácticas xenófobas y discriminatorias contra las mujeres que dificultan la protección de las personas más vulnerables como en los casos de migrantes venezolanas en condiciones de extrema pobreza que se ven expuestas a la trata de personas con fines de explotación sexual prostitución forzada explotación laboral servidumbre y de modalidades de esclavitud. 

En el contexto  de la justicia social y la solidaridad universales  \Mujer y Ciudadanía y sus Capítulos asociados solicita a la VIII Cumbre de las Américas considerar con especial interés y dar un tratamiento especial al tema de la migración forzada de venezolanas, tomando en cuenta que las circunstancias planteadas  exigen dar a las mujeres migrantes venezolanas protección internacional y  asistencia humanitaria  conforme la normativa internacional, ya que las hace más vulnerables a la explotación, la trata de personas la violencia el abuso sexual la discriminación y la xenofobia.

Dentro de esa protección internacional humanitaria  Mujer y Ciudadanía  y sus Capítulos asociados pide a los Estados miembros de la OEA faciliten su acceso a los procedimientos de determinación de la condición de refugiadas u otras alternativas de estadía legal que incluyen visas o permisos de residencia temporal así como otros programas de regularización que garanticen su  acceso a los derechos básicos de salud educación unidad familiar libertad de movimiento albergue y el derecho al trabajo.   Y sobre todo que se les permita el acceso a los territorios y a los procedimientos de determinación de la condición de refugiada y que no sean deportadas o forzadas a retornar por su sola condición de mujer. En ese orden de ideas Mujer y Ciudadana y sus Capítulos asociados apoya la propuesta del   portavoz del ACNUR Aikaterini Kitidi formulada en Ginebra el 13 de marzo de este año respecto de las nuevas directrices de protección humanitaria internacional ante la huida de venezolanos por América Latina de que se prevean requerimientos financieros iníciales de ACNUR para la implementación de la respuesta regional para la situación de Venezuela que ascenderían a USD 46 millones.  Ello dentro del espíritu  de la propuesta  de la Asamblea General de la ONU que  encomendó al ACNUR la tarea de desarrollar un  Pacto Mundial sobre Refugiados en la histórica Declaración de Nueva York para los Refugiados y Migrantes del 19 de septiembre de 2016 según la cual 193 gobiernos se comprometieron a forjar un sistema de protección de los migrantes más justos  de salud y educación  de modo que las comunidades de acogida y los refugiados que viven entre ellos se beneficien de igual forma.  Y en el reconocimiento del derecho de las refugiadas que pueden continuar aprendiendo y desarrollando sus habilidades y manteniendo a sus familias en el exilio. Sistemas de protección migratoria que priorizan a las personas más vulnerables incluyendo a las personas sobrevivientes de abuso sexual y violencia de género y a los niños no acompañados y separados.

En ese orden de ideas Mujer y Ciudadanía como organización de la sociedad civil   y sus Capítulos asociados propone en esta VIII Cumbre de Las Américas como parte de esa estrategia de gobernabilidad democrática las siguientes acciones colectivas respecto de la migración forzada de mujeres y niños venezolanos:

•     Acoger en el sistema interamericano la Resolución 2/18 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como marco de responsabilidad compartida y en conjunto con la comunidad internacional para la elaboración e implementación de políticas públicas leyes y prácticas dirigidas a abordar y prevenir la situación de la migración y necesidades de protección internacional de personas venezolanas para el ejercicio del derecho de buscar y recibir asilo así como para prestar y facilitar asistencia humanitaria y medidas de integración y resiliencia de personas venezolanas.

•     Establecer una legislación específica e instituciones especiales de prevención y sanción de trata de personas

•     Organizar en los países de origen de tránsito y/o de destino asociaciones de la promoción del derecho de la igualdad de género y de protección internacional de las mujeres migrantes forzadas.

•     Capacitar a la mujer en sus derechos migratorios en los países de origen en los países de tránsito en los países de destino y en los países de origen a su regreso.

•     Establecer defensorías públicas y privadas especializadas de mujeres migrantes.

•     Realizar alianzas con asociaciones no gubernamentales femeninas sobre la orientación y protección de mujeres migrantes.

•     Establecer en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos relatorías especiales para los casos de mujeres migrantes forzadas.

•     Prever promover y financiar instituciones de acogida y de asistencia de las mujeres migrantes.

•     Proponer a la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos que incluya la protección de los derechos de las mujeres migrantes forzadas como área programática prioritaria en los ejes temáticos de promoción de la igualdad de género y eliminación de la discriminación y de prevención y sanción de la violencia de género en el Plan Estratégico 2016-2026.

 

Lima 13 de abril 2018

Arqa. Aixa Armas

Presidenta de Mujer y Ciudadanía a.c.



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