Acceso justo a los medicamentos

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Al amparo del Art. 2 do. Inc. 20) de la Constitución y el Art.117 de la Ley 27444, los ciudadanos peruanos exponemos al Señor presidente de la República, don Martín Alberto Vizcarra Cornejo; al presidente del Congreso de la República, don Manuel Merino de Lama; a la representante del Ministerio Público, Fiscal de la Nación, doña Zoraida Avalos Rivera, lo siguiente:

Que, la población peruana se encuentra confinada a una cuarentena y estado de emergencia desde el día 16 de marzo del año 2020 por la alerta que dio la OMS sobre la existencia de una pandemia denominada nuevo Coronavirus o Covid 19 y creemos que el Ejecutivo dictaminó medidas adicionales, que deben estar secuencialmente archivadas en un historial para la  definición de responsabilidades acertadas y/o punibles si éstas no se dictaron y ejecutaron en el marco de la emergencia en salvaguarda de la población peruana;

Que, venimos ante Ustedes porque concordante con la situación de emergencia en el casi colapsado sector Salud, por el índice de incremento de contagios, se ocasiona que la misma población prevea medidas de salvaguarda de la salud; y, se ha determinado clínicamente que, SÍ EXISTE UN TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO MÍNIMO para atender todos los estadíos de la salud por este VIRUS para evitarlo, detener su avance, e incluso extinguirlo;

Que, las cadenas de farmacias existentes en el Perú se fusionaron en el 2018 en un sólido grupo económico por lo cual nos encontramos en un mercado imperfecto, y se ha producido un PAULATINO Y SORPRENDENTE AUMENTO DE PRECIOS DE MEDICINAS BÁSICAS para el tratamiento contra el Virus, sin que el Estado regule, controle y sancione todo exceso en este tiempo crítico de riego de Salud y de Vida;

Que, al amparo de los artículos 7° 9° y 44°; así como los artículos II, VI y XII del Título Preliminar de la Ley 26842, Ley General de Salud, se establece que la protección de la salud es de interés público y es responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promover las condiciones que garanticen una adecuada cobertura de prestaciones de salud de la población, en términos socialmente aceptables de seguridad, oportunidad y calidad, siendo irrenunciable la responsabilidad del Estado en la provisión de servicios de salud pública. El Estado interviene en la provisión de servicios de atención médica con arreglo al principio de equidad, siendo posible establecer limitaciones al ejercicio del derecho a la propiedad, a la inviolabilidad del domicilio, al libre tránsito, a la libertad de trabajo, empresa, comercio e industria, así como al ejercicio del derecho de reunión en resguardo de la salud pública.

Que, el Artículo 234 del Código Penal establece claramente que el delito de especulación se configura –entre otros- cuando “El productor, fabricante o comerciante que pone en venta productos considerados oficialmente de primera necesidad a precios superiores a los fijados por la autoridad competente, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años y con noventa a ciento ochenta días-multa”.

Por lo expuesto:

Denunciamos públicamente que las farmacias, boticas, centros médicos y clínicas de Piura, Loreto, Ucayali, Lambayeque y del país estarían incurriendo en el delito de acaparamiento (monopolio y oligopolio) y especulación al vender sus productos médicos y servicios de salud para el tratamiento y la atención de los y las pacientes, puesto que están cobrando precios sumamente altos en comparación a sus precios antes de la crisis sanitaria. Estos precios exorbitados de los bienes y servicios para el tratamiento y la atención del COVID-19 constituyen un atentado contra la salud y la vida de los y las pacientes, así como para la ya precaria economía de las familias.

Y solicitamos se sirvan disponer de manera URGENTE medidas como:

1.       Declarar de Necesidad Pública un paquete de medicamentos genéricos, material de protección y los servicios de salud destinados a combatir específicamente al COVID-19, como bienes y servicios esenciales de primera necesidad dada la emergencia sanitaria.

2.       Fijar los precios de este paquete de medicamentos genéricos, material de protección y los servicios de salud destinados a combatir específicamente al COVID-19, como bienes y servicios de primera necesidad dada la emergencia sanitaria.

3.       Exonerar los impuestos de los medicamentos requeridos para el tratamiento del COVID-19, de tal manera que los precios bajen y sean accesibles a todos los ciudadanos.

4.       Abastecer las farmacias de todos los establecimientos de salud pública (hospitales, centros de salud) de todos los distritos del país, con los medicamentos para el tratamiento del COVID-19; y que éstos sean entregados de manera gratuita a los pacientes según la prescripción médica.

5.       Que el Estado, desde el Ministerio de Salud, desarrolle de manera urgente, rápidos procesos nacionales de compras y adquisiciones con carácter de emergencia; y también de rápida distribución nacional de los medicamentos a los establecimientos de salud del país.

6.       Fiscalizar de manera permanente y efectiva a las farmacias, boticas, clínicas y centros médicos privados, para prevenir y sancionar la especulación de los precios de los medicamentos, material de protección y los servicios de salud destinados a combatir específicamente al COVID-19.

7.       Sancionar de manera ejemplar y efectiva a las empresas distribuidoras o terceras personas por acaparamiento, especulación, abuso del poder económico, en la venta de los bienes y servicios de salud, para protegerlos y hacerlos accesibles a la población como bienes y servicios de primera necesidad para el tratamiento del COVID-19.