Quiero poder elegir colegio para mi hijo/a legalmente

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Después de otro proceso de admisión para escolarizar a nuestros hijos en un centro público o concertado nos encontramos con los fraudes que año a año se realizan y se permiten. Y, sí, decimos PERMITEN.

 Siempre han existido y existen familias con irregularidades en las puntuaciones. Lo más frecuente es que se les otorguen los puntos de la renta sin corresponderles (porque hagan declaraciones y luego ampliaciones de la misma) o que defrauden con respecto a la zona donde residen o trabajan (porque se empadronen en viviendas que no son la vivienda habitual).

 Esto es indignante, pero más indignante es que se sepa y no esté perseguido. Que no haya ningún cortafuego a la hora de la baremación, que impida que este tipo de irregularidades se cometa.

 Si a esto se le suma las plazas de colegios concertados que la Consellería de Educación ha decidido recortar (alegando la poca demanda de plazas de estos centros), el resultado es que hay muchas familias que se quedan sin plaza dentro de los diez colegios que solicitan, y otras muchas a las que se les adjudican plazas en los últimos colegios de esas diez opciones. Y entrar en su 6ª opción, por ejemplo, no significa elegir. Significa conformarse. No querer quedarse fuera del sistema, porque no quieren o no pueden llevar a su hijo/a a un centro privado.

 Además, las familias sin los puntos de renta, son damnificadas en este sistema. Son familias que pagan sus impuestos debidamente y que deberían poder elegir colegio público o concertado como todas las demás. (Aunque, vaya por delante, respetamos y aplaudimos que se apoye a los que más lo necesiten). En muchas ocasiones, la diferencia entre tener o no tener los puntos de la renta, reside en que trabajan tanto el padre como la madre de la familia, y al ingresar dos sueldos en casa, aunque no sean especialmente elevados, ésta se incrementa. Así pues parece penalizarse que trabajen ambos miembros de la familia, cuando ello es un ejemplo para nuestros hijos. Y, cuando además, en general, suponga la necesidad de contar con ayuda en el domicilio. Por lo tanto no se llega a entender que esto suponga tener menos derechos para esta cuestión que nos ocupa.

 A estas familias se les condena a acabar en un centro privado (muchas veces sin poder permitírselo económicamente) o en un público que se les impone y que, además, lo habitual, es que quede fuera de su distrito correspondiente (con el consiguiente trastorno para la familia e incremento del gasto  que ello supone). ¿Qué pasaría si a un ciudadano se le dijera que no puede ser atendido en su hospital de referencia porque “no hay plaza para él”?

 Todo esto atenta directamente contra el artículo 27 de la Constitución Española. Del cual destacamos que la educación es un derecho, que la enseñanza básica es pública y gratuita, que los poderes públicos inspeccionan y homologan el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes y que los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

 A día de hoy, en pleno siglo XXI y con las herramientas tecnológicas de las que disponemos, ¿se puede seguir engañando al sistema o es el sistema el que se deja engañar?

 No debemos quedarnos de brazos cruzados. Debemos luchar contra estos fraudes. En muchas Comunidades Autónomas ya se hace. Por ejemplo, en Extremadura en 2014 los padres afectados presentaron doce recursos de alzada en los que se denunciaba la adjudicación de hasta treinta plazas de manera fraudulenta. Educación recabó certificados de convivencia familiar, datos históricos de empadronamiento de los menores e información de la Agencia Tributaria. Incluso se pidieron a las familias las escrituras de la propiedad y recibos de agua y luz para documentar si realmente el domicilio familiar y el del menor es aquel que se presenta cuando se solicita la plaza escolar.

Esta documentación fue analizada tanto por la Delegación Provincial de Educación como por la Comisión de Escolarización. El objetivo, según la nota de la Junta, era esclarecer los hechos denunciados por las familias en los recursos de alzada que presentaron ante la administración una vez que el colegio había desestimado las reclamaciones que presentaron a la lista provisional de admitidos y no admitidos. Se estudió la documentación y, a la vista de los nuevos datos y de las irregularidades observadas, se modificaron las puntuaciones y se elaboraron nuevas listas.

 Por ello, pedimos que seamos activos, tanto padres como organismos competentes, que se persigan este tipo de irregularidades, que se revise el sistema de baremación y que se pongan los medios oportunos para que no sea tan difícil poder elegir en qué centros deseamos escolarizar a nuestros hijos. Porque, al fin y al cabo, hablamos de algo tan importante como es la enseñanza, la educación y el futuro de los mismos. 

 



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