Como estudiantes de diferentes carreras de la UCASAL, en distintas provincias, queremos solicitar a quienes son los encargados de los ajustes en los aranceles que hagan una reducción en los mismos.

Está decisión arbitaria es un abuso de posición dominante, el aumento desmedido en cuotas, matrícula y pagos de derechos de exámenes libres no compensa las faltas que tiene dicha institución para con sus alumnos: Baños sucios, falta de bancos, instalación deficiente, sin estufas en invierno y sin ventilación en verano y falta de material de estudio actualizado en bibliotecas y plataformas informáticas.

Esto último en cuanto a la modalidad PRESENCIAL, porque en distancia la cosa es totalmente distinta: El alumnado de distancia NO TIENE CLASES, no hay profesores que respondan a los foros y a las consultas de los estudiantes, no usamos las instalaciones más que para rendir los pocos exámenes parciales o finales que se nos permite, en un tiempo ridículo de preparación porque muchas veces los profesores demoran de uno a dos meses en entregar las calificaciones.

No sólo sufrimos abusos económicos sino también abusos docentes durante clases y en exámenes finales ya que algunos de los profesores hacen comentarios machistas y degradantes hacia nosotros ¿Estamos abonando casi nueve mil pesos al mes para un trato indigno?

Venimos sufriendo "pequeños ajustes" en los aranceles mensuales y en los derechos de examen desde el año 2016, prácticamente se paga la misma cuota en todo el país, sin importar la modalidad cuando claramente distancia y presencial no utilizan los mismos recursos. Pagamos de enero a enero, sin mencionar la matrícula, gastos en comprar nuestro material de estudio y el monto a pagar para rendir materias libres. Este último aumento de casi de el 38% al monto a pagar por mes con respecto al año pasado en las carreras.

Hay muchas personas que realmente se sacrifican para poder pagarle a sus hijos una carrera universitaria, personas que trabajan y estudian para tener un mejor futuro, estudiantes que viven a más de dos horas en colectivo de la sede Castañares en Salta y tantos otros estudiantes del interior que vinieron a vivir a la capital para poder estudiar. Están perjudicando su presente y futuro.

Proponemos un aumento de menos del 15%, o que sea proporcional a un sueldo mínimo vital y móvil, diferenciado por provincia, modalidad y carrera. Estamos abiertos al diálogo y una solución razonable para todos, no para unos pocos.

Esto ya se trata de un abuso y violación a nuestra garantía constitucional al aprendizaje, a nuestros derechos como consumidores y a la ley 24240 de Defensa del Consumidor. Esto ya no es por la inflación, ES UN ABUSO DE DERECHO.

La educación superior es un DERECHO HUMANO, no un negocio.