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Alberto Ruiz-Gallardón
Ministro de Justicia
Alberto Ruíz-Gallardón

Una moratoria ya sobre los desahucios

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Cada día cientos de familias son desahuciadas y pierden su hogar. La inmensa mayoría de las ellas no se hallan en esa dramática y desesperada situación ni a causa de una presunción desmedida ni de su afán especulador.

Esas familias suscribieron sus créditos hipotecarios cuando la economía del país –impulsada por las burbujas inmobiliaria y financiera– marchaba a pleno rendimiento. A la mayoría les movía sólo la ambición legítima de tener un hogar propio.

La irrupción de la crisis, el estallido de las burbujas, el derrumbamiento del mercado laboral y el consecuente paro, el galopante empobrecimiento de los ciudadanos y la restricción absoluta del crédito han quebrado la capacidad de las familias de hacer frente a sus hipotecas.

Son decenas de miles de ellas las que, imposibilitadas por razones ajenas a su voluntad para afrontar la devolución de los préstamos, son objeto de procesos de ejecución hipotecaria que acaban con la pérdida de la vivienda,  que es subastada y adjudicada –muchas veces al mismo banco – por un precio muy inferior al de compra, tras lo cual la persona desahuciada sigue acarreando  una deuda con el banco.

Decenas de miles de familias están siendo precipitadas de este modo al abismo de la pobreza y la exclusión social, sin posibilidad siquiera de ser consideradas beneficiarias de las cuantiosas sumas de dinero público destinadas al rescate de la banca.

Esta situación es inadmisible. Por todo lo anterior queremos pedirle al Ministro de Justicia que apruebe de forma urgente una reforma legal que faculte a los jueces para acordar moratorias y suspender transitoriamente el pago de las cuotas hipotecarias en caso de que concurran causas justas, como desempleo, accidente laboral, larga enfermedad, desgracia familiar o infortunios similares, en el mismo sentido que ha propuesto un grupo de magistrados al Consejo General del Poder Judicial.

Asimismo le pedimos al Ministro una serie de medidas a medio plazo que podrían mejorar la actual situación de tantas familias, como la limitación de los intereses de demora y l a modificación del procedimiento de ejecución hipotecaria (ver carta abajo para más detalle).


Letter to
Alberto Ruiz-Gallardón
Ministro de Justicia Alberto Ruíz-Gallardón
La inmensa mayoría de las personas y familias desahuciadas de sus hogares o pendientes de desalojo a causa del impago de cuotas hipotecarias no se hallan en esa dramática y desesperada situación a causa de una presunción desmedida ni de un afán especulador fallido. Suscribieron sus créditos hipotecarios cuando la economía del país –impulsada por las burbujas inmobiliaria y financiera– marchaba a pleno rendimiento. Les movía, mayoritariamente, la ambición legítima de tener un hogar propio, ambición para cuya materialización resultó imprescindible el concurso de la política crediticia de la banca.

La irrupción de la crisis, el estallido de dichas burbujas, el derrumbamiento del mercado laboral, el galopante empobrecimiento de los ciudadanos y la restricción absoluta del crédito han quebrado la capacidad de las familias de hacer frente a sus cuotas hipotecarias. Decenas de miles de ellas, imposibilitadas por razones ajenas a su voluntad para afrontar la devolución de los préstamos, son objeto de procesos de ejecución hipotecaria que concluyen con la pérdida de la vivienda, subastada y adjudicada –muchas veces al mismo banco acreedor– por un precio muy inferior al de compra, tras lo cual el desahuciado sigue acarreando con gran parte de la carga de la deuda. Miles de familias están siendo precipitadas de este modo al abismo de la pobreza y la exclusión social, sin posibilidad siquiera de ser consideradas beneficiarias de las cuantiosas sumas de dinero público destinadas al rescate de la banca.

Por todo lo anterior, le pido:

1) Una reforma legal que, con carácter de urgencia, faculte a los jueces para acordar moratorias y suspender transitoriamente el pago de las cuotas hipotecarias en caso de que concurran causas justas, como desempleo, accidente laboral, larga enfermedad, desgracia familiar o infortunios similares, en el mismo sentido que ha propuesto un grupo de magistrados al Consejo General del Poder Judicial.

2) La limitación de los intereses de demora de la hipoteca.

3) La modificación del procedimiento de ejecución hipotecaria, muy severo con el deudor y generoso con el acreedor, para sujetarlo a las normas generales de la ejecución de cualquier otro tipo de crédito documentado en escritura pública.

4) La elevación del porcentaje de adjudicación al acreedor en la subasta de viviendas embargadas. Hoy, es del 60% del valor de tasación, por lo que los acreedores suelen adjudicarse bienes por un precio muy inferior a su valor real.

5) La modificación del sistema de tasación de viviendas para que esta deba ser realizada por técnicos independientes.

Atentamente