¡BASTA! No más violencia, acoso y discriminación basada en género en la UdelaR

La Universidad de la República (UdelaR) tiene la responsabilidad de actuar de manera coherente, acorde a las normas vigentes y los tiempos actuales, en los que la violencia de género, el acoso y la discriminación no son tolerables en ningún caso. Hoy la UdelaR toda está implicada en la decisión sobre una situación de acoso sexual y claro abuso de poder de un docente. El acoso es un asunto público, y como tal, nos involucra a todas y todos. Por tal motivo decidimos pronunciarnos sobre las respuestas institucionales que consideramos hay que dar ante esta situación. 

La nueva ordenanza de actuación ante situaciones de violencia, acoso y discriminación en la institución, aprobada en 2020, plantea como primer objetivo preservar el derecho al trabajo y estudio en ambientes libres de estos comportamientos. La creación de esta ordenanza, y la consolidación de la Comisión Central de Prevención y Actuación ante el Acoso y la Discriminación (CPAAD), tienen como principio erradicar estas conductas, siendo para la UdelaR inadmisible los “actos de violencia física o psicológica, el trato denigrante, irrespetuoso o discriminatorio y todos aquellos comportamientos que por provocar humillación, ofensa injustificada, temor, daño físico o emocional puedan contribuir a crear un ambiente de trabajo o estudio intimidatorio, ofensivo u hostil, así como comportamientos de acoso sexual, laboral o en las relaciones de estudio” (CDC, res. n°6, 26/3/2019).

Este marco normativo dista de varias prácticas cotidianas que continúan reproduciendo violencia de género, racismo y otros formatos de discriminación que afectan particularmente a las mujeres, poniendo en jaque el desarrollo de sus estudios y trayectorias profesionales. 

Docentes y estudiantes de la UdelaR se han manifestado en los últimos años en contra de las situaciones de acoso desde diversas estrategias: a través de las redes sociales (como el caso de la campaña #MeLoDijeronEnLaFmed, que se extendió a otras Facultades; denuncias personales en Twitter, creación de cuentas de testimonios en Instagram, entre otras). La utilización de medios no institucionales habla de su ineficiencia histórica, de las complejas y revictimizantes respuestas, así como del miedo en un ámbito en el que estamos sistemáticamente en situaciones de vulnerabilidad, ante otros con poder.

Quienes firmamos esta nota manifestamos nuestra preocupación en cómo se ha tramitado este caso a partir del informe de la Dirección General de Jurídica, en Comisión General (de carácter reservado y confidencial) con filtraciones a la prensa pero no canalizadas de forma transparente a la ciudadanía. Además, consideramos que la sanción que ha trascendido que se podría aplicar -una suspensión de seis meses- no es suficiente, no está a la altura del compromiso actual de la Universidad en relación a estos temas, permite seguir tejiendo una red de impunidad.

La violencia de género es un problema social en el que debe seguirse trabajando para modificar las condiciones estructurales que la hacen posible. Nuestra universidad no puede tolerar de ninguna forma las situaciones de violencia, acoso y discriminación. De no aprobarse una sanción acorde con el hecho, se estaría dando una respuesta injusta ante un caso concreto de abuso de poder, estableciendo un precedente que desalienta eventuales futuras denuncias, a la vez que envía el mensaje de que el acoso es, en definitiva, algo tolerable en el ámbito de la UdelaR.