protección para el pueblo chileno de acuerdo a Constitucionalidad vigente

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María Jimena Poblete Barros lanzó esta petición dirigida para Tribunal Constitucional y

Como ciudadanos de este país estamos asistiendo con impotencia al espectáculo de destrucción de nuestra soberanía, legalidad y derechos humanos básicos, producto de una alianza perversa entre el Gobierno, los Parlamentarios, las fuerzas policiales y los medios de comunicación masiva.

La ciudadanía está exigiendo:

1.       Bienestar social y protección de los recursos naturales

2.       Una Nueva Constitución que garantice lo anterior

La respuesta del Gobierno ha sido declarar la guerra a la ciudadanía. Y acorde con ello ha utilizado a los militares, a Carabineros y actualmente a la PDI para asesinar, torturar, detener y amedrentar al pueblo.

Con ello ha obtenido otra demanda: Respeto a los Derechos Humanos como los derechos a la Vida, a la Protección de ésta, al derecho a la libertad, al derecho a manifestarse pacíficamente, el derecho a ser considerado inocente hasta que se pruebe lo contrario, al derecho a que su voluntad soberana sea respetada.

La respuesta del Gobierno ha sido criminalizar el movimiento social y para ello ha contado con el apoyo de los Parlamentarios y de los medios de comunicación masiva, aumentando la represión de formas incompatibles con una democracia.

La respuesta del Parlamento ha sido imponer una “Acuerdo por la Paz” que excluye a la ciudadanía de su derecho a un plebiscito y una Constitución  guiados por sus legítimas demandas y olvidando completamente el principio de soberanía.

Como este “Acuerdo” y las reglas que impone para el proceso constitucional sólo responde a los intereses de la clase política y empresarial, no ha sido aceptado por la ciudadanía y continúan las demandas. Frente a esto el Parlamento ha respondido aprobando una serie de leyes represoras.

Los vándalos, delincuentes, terroristas y lumpen existen más en la mente de la clase política y en la televisión que en la realidad. Son “creaciones” en las que participan delincuentes comunes (rateros y vándalos que destruyen pequeñas instalaciones) mezclados con elementos muy misteriosos que jamás son identificados por las cámaras ni detenidos por carabineros.

Toda esta comparsa responde a una única causa: los intereses económicos de la clase política y de los grandes empresarios. Estas motivaciones no guardan relación ni respeto con la Patria, el territorio, la vida de sus habitantes, la paz, las leyes y la Constitución actual.

Por todo ello, se solicita a estas instancias cuyas funciones son velar por el cumplimiento de las leyes dentro de la constitucionalidad vigente y en un régimen de Democracia, que intervengan, protegiendo estos principios superiores y evitando la desintegración de este país, de sus habitantes y de la pérdida de sus recursos.

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