SOLICITA: Emitir las sentencias de la Acción de Inconstitucionalidad de los DL 1132 y 1133

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La Asociación Nacional de Pensionistas Policial Militar, le ha demandado al estado peruano por una Acción de Inconstitucionalidad de los nefastos Decreto Legislativo Nº 1132 y el Decreto Legislativo Nº 1133 que crean un antes y un después (DISCRIMINACIÓN) entre personal del mismo régimen pensionario.

La Acción de Inconsitucionalidad procede contra normas de rango de Ley, que contrarían las Leyes y la actual Carta Magna; Las dos (02) demandas han sido admitidas previa calificación, por el Tribunal Constitucional del Perú; y, han sido llevadas a Juicio Oral en la ciudad de Arequipa Sede Principal del Tribunal Constitucional; según el Código Procesal Constitucional del Perú, esta entidad es autónoma e independiente para hacer cumplir la Carta Magna, debió haber emitido una sentencia a los diez días posteriores a la vista de la causa; sin embargo, han transcurrido mas de seis (06) meses sin que se emita una sentencia hasta la fecha. 

Haciendo un recuento: El Poder Legislativo (CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ) otorga facultades al Poder Ejecutivo, con la Ley Nº 29915, en donde señala lo siguiente: “Reforma del régimen remunerativo y de pensiones del personal de la Policía Nacional del Perú y la Fuerzas Armadas”; y , de acuerdo al Decreto Ley Nº 19846 y sus modificatorias (LEYES N°s. 22611, 20511, 21421, 24373, 24533 y 24640) en sus artículos Nº 5, 10, 39 y 41; en concordancia, con los artículos 7, 13(varones), 14 (mujeres), 69 y 75 del Reglamento de la Ley de Pensiones Militar – Policial, Decreto Supremo Nº 009-DE-CCFA (TEXTO UNICO CONCORDADO QUE REGLAMENTA EL DECRETO LEY N° 19846 CON LAS LEYES N°s. 22611, 20511, 21421, 24373, 24533 y 24640); el personal militar y policial en situación de retiro o pensionista que se encontraba en esa fecha, gozan de una Pensión Renovable, que se va ajustando conforme se reajustan las remuneraciones del personal militar y policial en situación de actividad.

Este sistema equitativo se mantiene vigente legalmente; pero, en la práctica no se cumple hace muchos años, dizque porque no hay plata; según les informan a los pensionistas las autoridades correspondientes de la Caja de Pensión Militar Policial, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Policía Nacional del Perú, Ejército Peruano, Fuerza Aérea del Perú y Marina de Guerra del Perú.

El 10 de Diciembre del 2012, se expiden el Decreto Legislativo Nº 1132 (Activa) y Decreto Legislativo Nº 1133 (Ultra-activa); el primer dispositivo, convalida la Pensión Renovable (Integra todos los conceptos remunerativos) del personal en situación de actividad  a partir del 10 de Diciembre de ese año, no considerando al personal pensionista que se encontraba en ese momento que tiene PENSIÓN RENOVABLE; pese a que la Ley lo dispone(PRINCIPIO DE LA JERARQUÍA NORMATIVA); por otro lado cabe indicar que el Decreto Ley Nº 19846 y sus modificatorias continúan vigentes; y, el segundo dispositivo, establece que el personal que ingrese a partir del 1ro de Enero del 2013 sólo recibirá el 55% de su pensión; de lo que, a partir de entonces, se denominó la Remuneración Consolidada, por concepto de Pensión Renovable. Asimismo, ambos dispositivos entran en vigencia sin su reglamentación respectiva.

Sin embargo dentro del segundo dispositivo, el Primer párrafo de la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1133, en forma RETROACTIVA (PROHIBIDO) DISCRIMINA al personal que paso a la situación de retiro antes del 10 DIC-2012, congelando sus pensiones, creando un antes y un después.

. PRINCIPIO DE LA JERARQUÍA NORMATIVA

El artículo 51º de la Constitución, que consagra el principio de jerarquía normativa y supremacía normativa de la Constitución, dispone que la Constitución prevalece sobre toda norma legal y la ley sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente. Conforme al sistema de fuentes diseñado por la Norma Suprema y a sus artículos 51.º, 200.º inciso 4), 102.º inciso 1) y 106.º, la categoría normativa de leyes comprende a las leyes ordinarias y a las leyes orgánicas, las cuales tiene la misma jerarquía jurídica (FJ 12-16).

El artículo 51º de la Constitución Política del Perú proclama solemnemente que ella “prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente.” Por si ello fuera poco, el artículo 138º de la misma Carta Magna dispone que “de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera” para luego confirmar que “igualmente, prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior.”

Se trata del principio universal de la jerarquía normativa, principio que prevalece sobre el de la especialidad, en cuya virtud, se prefiere la norma específica por sobre la general. Desde luego que no hace falta recordarlos. Pero es inevitable traerlos a colación. Al prevalecer uno sobre otro se colige, como no puede ser de otro modo, que la norma específica prevalece sobre la general siempre que se trate de disposiciones de idéntica jerarquía normativa. En otras palabras, una ley por especial que sea no puede preferirse si colisiona con la Constitución, un decreto, por especial que sea, no puede prevalecer sobre una ley. Y así sucesivamente.

Expediente Nº 047-2004-AI/TC de fecha veinticuatro de abril de dos mil seis que en su fundamento 55 señala” : ”La Constitución contiene un conjunto de normas supremas porque estas irradian y esparcen los principios, valores y contenidos a todas las demás pautas jurídicas restantes. En esa perspectiva el principio de jerarquía deviene en canon estructurado del ordenamiento estatal.(..) La Constitución es una especie de súper ley, de norma normarum, que ocupa el vértice de la pirámide normativa.(…)” el artículo 51 la Constitución dispone que: “La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente. La publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado.(…) y en su fundamento 56 precisa que: “El Principio de jerarquía puede ser comprendido desde dos perspectivas: a) La Jerarquía basada en la cadena de validez de las normas, (…) y b) La Jerarquía basada en la fuerza jurídica distinta de las normas. Establece también que la pirámide jurídica nacional debe ser establecida en base a dos criterios rectores: a) Las categorías y b) Los grados; en las categorías se encuentran: Primera categoría: Las normas constitucionales y las normas con rango constitucional, que tiene como Grados: 1ero. La Constitución, 2do. Leyes de Reforma Constitucional y 3ero. Tratados de Derechos Humanos. Segunda categoría: Las leyes y las normas con rango de ley, como los tratados, los decretos legislativos, los decretos de urgencia, el reglamento del Congreso, las resoluciones legislativas, las ordenanzas regionales, las ordenanzas municipales y las sentencias del Tribunal Constitucional que declaran la inconstitucionalidad de una ley o norma con rango de ley. Tercera Categoría: los decretos y demás normas con contenido reglamentario. Cuarta Categoría: las resoluciones, que pueden ser ministeriales, de órganos autónomos no descentralizados, Quinta Categoría: Los fallos jurisdiccionales y las normas convencionales”.

Asimismo, en el Noveno fundamento de la Casación Nº 6670-2009-CUSCO, considera lo siguiente: (…)”en ese contexto, una norma de inferior jerarquía no debe desnaturalizar los alcances de una norma de superior jerarquía, ésta debe ser compatible con la superior, ello al amparo del artículo 138º de la Constitución vigente, concordado con su artículo 51º, que consagran los principios de la jerarquía normativa y supremacía constitucional, disponiendo que la Constitución prevalece sobre toda norma legal y la ley sobre las normas de inferior jerarquía  y así sucesivamente. Conforme ha sido reiterado por el Tribunal Constitucional en diversas oportunidades, como en el caso del fundamento 8 de la STC Nº 2939-2004-AA/TC, de fecha 13 de enero de 2005”, que establece: “(…) el principio de supremacía jurídica y valorativa de la Constitución, recogido en el artículo 51 de la Constitución: (…) La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la, sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente. Este valor normativo fundamental de la Constitución constituye uno de los pilares fundamentales del Estado social y democrático de derecho, que es la forma de gobierno consagrada en el artículo 43º de la Carta Fundamental, que exige una concepción de la constitución como norma, la primera entre todas, y la más relevante, que debe ser cumplida acorde con el grado de compromiso constitucional de los ciudadanos y gobernantes, en el sentido de que todos y cada uno de los preceptos constitucionales tienen la condición de norma jurídica, pues resulta difícil encontrar preceptos constitucionales carentes de eficacia jurídica; convirtiéndose cada uno de los mismos en parámetros para apreciar la constitucionalidad de otras normas (…)”;  mientras que en el fundamento Nº 13 de la STC 004-2006-PI/TC, de fecha 29 de marzo de 2006, precisa que: “(…) las atribuciones jurisdiccionales, sea en sede judicial ordinaria, especial o cuasijurisdiccional administrativa, se encuentran vinculadas al principio jurídico de supremacía constitucional señalado en el artículo 51º de la Constitución, en sus dos vertientes: Fuerza normativa positiva, aplicando las normas legales en base a las disposiciones constitucionales; y, fuerza normativa negativa, inaplicando la norma administrativa y/o legal que sea extraña a la Constitución (…)”.

Lo que nos da a entender lo siguiente; El primer párrafo de la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1133; en donde señala “Las modificaciones establecidas en el Decreto Legislativo que aprueba la nueva estructura de ingreso aplicable al personal militar de las Fuerzas Armadas y policial  de la Policía Nacional del Perú no alcanzan a los actuales pensionistas del Decreto Ley Nº 19846, por lo que no se reestructurarán sus pensiones”; Contraria el texto expreso de la ley y el principio de jerarquía de las normas que implica el sometimiento de los poderes públicos a la Constitución y al resto de las normas jurídicas, a decir de Requena López, Tomás, en El principio de la jerarquía normativa. Madrid: Civitas, 2004, p.133.

Es una norma con rango de Ley, que a su vez contraría el Tercer párrafo del Artículo Segundo del mismo dispositivo legal  Decreto Legislativo Nº 1133, en donde señala: “Declárase que el presente Decreto Legislativo no afecta de modo alguno los derechos y beneficios de personal activo y pensionistas de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú que actualmente pertenezcan al régimen del Decreto Ley Nº 19846, manteniéndose para ellos las mismas condiciones y requisitos establecidos en el citado Decreto ley y sus normas modificatorias y complementarias”; asimismo, contraria los artículos 5º, 10º, 39º y 41º del Decreto Ley Nº 19846 del 27 DIC-1972; y los artículos: 7º, 13º, 14º, 69º y 75º el Reglamento de la Ley de Pensiones Militar- Policial Decreto Supremo N° 009-DE-CCFA del 17 de DIC-1987; (TEXTO UNICO CONCORDADO QUE REGLAMENTA EL DECRETO LEY N° 19846 CON LAS LEYES N°s. 22611, 20511, 21421, 24373, 24533 y 24640); la Ley Nº 10308 del 30  DIC- 1945; y, los artículos: 51º, 102º inciso 1, 106º, 138º, 168º, 174º  y 200º inciso 4, de nuestra Constitución Política del Perú.

 



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