NO A LA INDEPENDENCIA!

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DI NO A LA INDEPENDENCIA! 

Ya ha llovido desde que Artur Mas planteara la situación de la independencia de Cataluña y todavía hoy seguimos viviendo este desatino por parte del Gobierno catalán y sus socios. Independientemente de que la consulta planteada está fuera del marco legal vigente, quiero reflexionar sobre las implicaciones económicas del mismo. El proceso de independencia tendría, de llevarse a cabo, importantes consecuencias políticas y económicas tanto para el hipotético nuevo Estado como para el resto de España y para la UE.

El nuevo estado tendría una población equivalente a la de Suiza, un tamaño similar a Bélgica y un PIB equiparable al de Noruega. Con esta perspectiva podría ser viable, pero no sin sufrir dramáticas repercusiones como el aislamiento económico y un empobrecimiento brutal, con una pérdida de PIB entre el 20% y el 25%. ¿Cuáles serían las consecuencias de la independencia?

Salida de la UE
La consecuencia más inmediata sería la salida de la Unión Monetaria Europea, y por lo tanto del euro y sin el apoyo del BCE. El nuevo país podría optar por seguir utilizando el euro de manera unilateral, pero sin ninguna influencia sobre su tipo de cambio ni sobre los tipos de interés; para Cataluña, el euro se convertiría en una moneda extranjera cuya utilización podría encarecer sus exportaciones y mermar su competitividad. La nueva Cataluña también se desvincularía del Banco Central Europeo, perdiendo la red de seguridad que garantiza liquidez al sistema bancario de la zona euro.
Sin supervisión bancaria europea
Cataluña también quedaría fuera de la unión bancaria puesta en marcha por la zona euro, que ya cuenta con un Mecanismo Único de Supervisión financiera y con un fondo de resolución bancaria, y por tanto, fuera de los 55.000 millones de euros para sanear o liquidar las entidades financieras de la zona euro que atraviesen dificultades.
Sin fondos estructurales y fuera del BEI
La escisión dejaría a Cataluña sin derecho a los cuatro Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (FEDER, FSE, FEADER y FEMP), de los que Cataluña recibe 1.400 Millones de euros. La salida de la UE implicaría el descuelgue del Banco Europeo de Inversiones y del Mecanismo Europeo de Estabilidad. Así mismo, quedaría fuera del Banco Europeo de Inversiones (BEI).
Cataluña también se quedaría fuera del Mecanismo Europeo de Estabilidad, el fondo de rescate de la zona euro del que España es accionista y que cuenta con una capacidad de préstamo de hasta 500.000 millones de euros para evitar la suspensión de pagos de los socios (similar al FLA española para las Comunidades Autónomas).
Impacto en los mercados y en la prima de riesgo
Los mercados no son amigos de aquello que suene a desequilibrio y a inseguridad. Cataluña ha incumplido sistemáticamente los objetivos de déficit y deuda impuestos por el Ejecutivo, lo que le ha obligado a recibir ayuda permanente del Estado para pagar sus servicios públicos. La escisión llevaría a la prima de riesgo a niveles inasumibles, con el inconveniente de dejar de contar con la red de protección del Estado español.
Financiación, déficit y deuda
Fuera de la UE, la ingente deuda pública obligará a generar más déficit, a menos que la economía catalana experimente una mejoría importante, algo que parece poco probable. La clave, por encima de si está dentro o fuera de la zona euro, es que hay que generar ingresos para pagar gastos (el servicio de la deuda es el primero) y para abonar la nómina a los funcionarios, dos conceptos que ahora están garantizados por el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).
Comercio
Una independencia de España y una salida de la zona euro le obligaría a pagar un sobrecoste por los aranceles, ya que dejaría de beneficiarse de las ventajas de pertenecer a una zona económica con libre circulación de mercancías, que a su vez tiene firmados acuerdos de libre comercio con otras naciones. El pago de esos sobrecostes haría mucho menos competitivas las exportaciones catalanas frente a las de otras autonomías en España y en Europa.
Menos atractivo para la inversión extranjera
La inseguridad jurídica es el peor argumento para atraer inversión extranjera, y la nueva situación provocaría que el inversor extranjero observara Cataluña como factor de riesgo. Asimismo, la búsqueda de costes más baratos ha provocado una fuga masiva de capital extranjero de Cataluña desde el inicio de la crisis. En los últimos años han cerrado sus fábricas multinacionales extranjeras como Piaggio, Panasonic, General Electric o Bayer.
El coste de crear un nuevo país y del reingreso en la UE
El día después de la independencia, el Gobierno catalán tendría que hacer frente a una serie de costes ingentes para garantizar los servicios que presta y para proseguir en la senda del abaratamiento de los costes energéticos. En primer lugar, tendría que financiar la constitución del nuevo Estado y hacerse cargo de aquellas partidas que estaban aseguradas por el Estado español, como las pensiones de los jubilados catalanes, así como los incrementos salariales de los funcionarios del Estado y de los militares.
Otro dato a tener en cuenta es que debería continuar haciendo frente a los pagos del servicio de la deuda pública española que le correspondiese, al menos durante algunos años, y realizar algunas provisiones para infraestructuras inacabadas, como las del tren de alta velocidad, y sobre todo las interconexiones energéticas con Francia, consideradas vitales para garantizar un suministro barato.
Una Cataluña independiente debería solicitar el ingreso en todas las estructuras de la Unión Europea. Cataluña también debería superar el examen de convergencia (con criterios como déficit, deuda, inflación y tipo de cambio de su moneda) y negociar su pertenencia y aportación a los instrumentos financieros creado por la zona euro, como el Frob europeo o el fondo de rescate.

En definitiva, por efecto frontera y deslocalización, los flujos comerciales de Cataluña con el resto de España se contraerían un 45%; el stock de Inversión Extranjera Directa se reduciría en 20.000 millones de euros; el impacto en el empleo sería muy grave, provocaría una destrucción de hasta casi 500.000 empleos, el 16% de la ocupación, de modo que la tasa de paro alcanzaría el 34,4%; el déficit público aumentaría al 10,3% del PIB y la deuda pública hasta el 118% del PIB, con vencimientos anuales del 25% del PIB, lo que situaría a Cataluña entre los países más endeudados.

 



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