Petición cerrada

Concienciar y garantizar un trasporte urbano de superficie seguro

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El fenómeno de la violencia urbana es un fenómeno global que afecta a las poblaciones con cierto número de habitantes. La agresividad de la sociedad  la sufren  directamente los conductores de autobuses que están desarrollando su trabajo en la calles de nuestras ciudades.  Con la adopción de medidas protectoras como las mamparas para salvaguar integridad la salud física y mental del conductor de autobuses, no solo estaríamos reconociendo el derecho que tiene el conductor  a trabajar en condiciones dignas que reduzcan el peligro de una agresión física y verbal, y por lo tanto, garanticen su integridad física y psíquica; sino que estaríamos ayudando a que el conductor pueda desarrollar su trabajo sin distracciones, sin miedos, sin estrés innecesario. Todo ello  repercutiría en reducir su nivel de estrés laboral, mejoraría su salud mental,  con lo que  su capacidad de concentración mejoraría, así como su capacidad de reacción. Consecuentemente,    dismunuiría el riesgo potencial de  accidentes o maniobras bruscas que puedan afectar a pasajeros, peatones, ciclistas, niños y otros agentes que se encuentren en el camino del conductor.

La seguridad vial, y la salud pública nos afecta a todos por igual; ya no solo por el interés común en evitar desgracias a los conductores de autobuses, sino porque cualquiera de nosotros podemos vernos implicados en un accidente de tráfico.

Los accidentes de circulación es una de las causas que provocan mayor siniestralidad en España, y prevenir que esos accidentes sucedan es obligación de todos, y en especial por mandato constitucional,  de las administraciones y autoridades públicas. 

Por si el mandato constitucional de velar por preservar la salud pública no fuera suficiente,   las lesiones producidas por accidentes acaban generando gastos que acaban siendo sufragados de una forma o de otra por  prestaciones sociales públicas en forma de atenciones médicas, pensiones de invalidez, etc. Prestaciones que, a la postre, salen de todos los impuestos que pagan todos los contribuyentes;  por lo que de nuevo, la correcta gestión del riesgo afecta a la gestión de los recursos públicos. El evitar gastos innecesarios previniendo situaciones de riesgo es  debate que excede el interés individual del trabajador,  y que se convierte en un tema de  interés general.

La falta de prevención en seguridad vial puede acabar con vidas humanas, puede destrozar familias. Tarde o temprano, la factura sanitaria y de prestaciones  acabará costando cara al contribuyente, por eso de la necesidad de hacer políticas activas de prevención.

 

En toda España hay conductores que a diario están corriendo un riesgo inminente de ser agredidos. Tan solo en Barcelona, en el mes de enero 2014, han sido agredidos cuatro conductores.

¿A qué estamos esperando para reconocerles el derecho a la protección mediante un mampara protectora, la aplicación del reglamento del viajero para sancionar disciplinariamente comportamientos incorrectos, y en hacer cumplir la legislación vigente que reconoce al conductor como agente de la autoridad?

Negándoles la seguridad a los conductores de autobuses, nos están  negando la seguridad a nosotros mismos, porque los autobuses los llevan seres humanos, y el error  humano es el que está detrás de la mayoría de los accidentes.

A mayor seguridad tengan los conductores, mas seguridad tendremos nosotros, pues a mayor concentración,  menos errores humanos se cometerán. 

El eliminar factores de distracción y de estrés de los conductores, es facilitar la concentración,  y de ello se beneficia directamente el pasajero; y a la inversa,  a mayor estrés, menor concentración, y por lo tanto mayor riesgo de accidentes, y peor calidad del servicio prestado.

Por eso, la calidad del servicio prestado va íntimamente ligada con las condiciones de trabajo y seguridad del conductor. El contrato de prestación de servicio entre empresa de transportes y pasejero se basa en la buena fe recíproca entre  ambas partes, en el abono de un billete a cambio de una prestación de un servicio  en condiciones de eficacia y seguridad. Si el empresario deliberadamente ignora las reclamaciones de los trabajadores en materia de seguridad, conscientemente está disminuyendo  la capacidad de  atención del conductor, y con ello la seguridad en el transporte de los usuarios. Eso supone un incumplimiento contractual con las condiciones de la prestación del servicio contratado por el usuario. 

Si esa seguridad no se da por falta negligente de prevención del empresario con el conductor, el empresario está interviniendo negativamente   en la capacidad de concentración del conductor; con lo que,  en el fondo,  el empresario está trasladando el problema al pasajero, y está incumpliendo sus obligaciones contractuales de transportar al  pasajero en condiciones de seguridad. 

Resumiendo: La salud no tiene precio, y todo los esfuerzos para preservarla son pocos, y en temas de seguridad y salud: "mas vale prevenir que curar".  



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