Jueza Swain: RECHACE el acuerdo de la AEE propuesto por la JCF y los bonistas

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*ENGLISH TRANSLATION BELOW*


Jueza Laura Taylor Swain: RECHACE el acuerdo de la AEE propuesto por la Junta de Control Fiscal y los bonistas


¿Qué? Esta petición busca mostrar el rechazo del pueblo al acuerdo de reestructuración de la deuda de la AEE entre los bonistas y la JCF (Junta de Control Fiscal), y pedirle a la jueza Swain que le diga NO al mismo. Es un acuerdo negociado en cuartos oscuros y representaría un aumento de 36% en la factura de luz, condenándonos a la miseria. 


¿Por qué?- Si se aprueba el acuerdo, tan pronto como julio 2019, se estaría imponiendo un primer aumento de un 6% a tu factura de luz. Este es uno de tres aumentos que se harán de manera consecutiva hasta llegar a un aumento hasta de un 36% en nuestra factura. Los consumidores que generan su propia electricidad, por ejemplo por energía solar, también estarán sujetos a un cargo de transición, a menos que ya estén completamente desconectados del sistema eléctrico estatal.


La energía electríca es un servicio esencial y este nuevo cargo significará un aumento en nuestra factura de luz residencial pero también puede representar aumentos indirectos en el costo de servicios comerciales, alimentos, entre otros, por el aumento en costos operacionales. Un aumento en el costo de la luz de 36% significará que tendremos menos dinero para pagar otras necesidades básicas. 


Los bonos de la AEE se pagaban con las ganancias de dicha entidad, y por tanto, con lo que sobrara luego que se pagaran todos los gastos operacionales de la corporación. Sin embargo, con el acuerdo de restructuración, se crea un cargo por servicio especial en nuestra factura para que seamos ahora los consumidores directamente quienes paguemos esta deuda.


Informes pre-auditorías indican que muchas de las emisiones de bonos de la AEE fueron hechas en violación a una cláusula que limitaba cuánto dinero dicha entidad podía tomar prestado, por lo que podrían ser nulas. Por muchos años, la AEE inflaba sus cifras de recaudos, incluyendo las deudas de electricidad de entes gubernamentales y municipios, pese a que estas casi nunca se pagaban. Esto lo hacían con el fin de poder seguir emitiendo bonos. Los bonistas que compraban esta deuda lo hacían con conocimiento de que la AEE estaba inflando sus recaudos de esa manera. Sin embargo, ahora pretenden que sea el Pueblo quien le pague la deuda. Esto es una estafa y no puede permitirse.


Por último, la Junta y el Gobierno ahora promueven la privatización de la AEE. Sin embargo, la compañía que ‘adquirirá’ la entidad no asumirá ni un centavo del pago de la deuda. Además, la privatización no impedirá aumentos futuros en la factura, ni la eliminación de protecciones para evitar los cortes de electricidad a las personas que tengan atrasos.


Según Sergio Marxuach, del Centro para la Nueva Economía: “El RSA propuesto no es una buena transacción para Puerto Rico. Sus términos y condiciones son demasiado generosas con los acreedores; desalienta la transición a la generación distribuida con fuentes renovables; es incierto que provea el alivio a la deuda necesario para mantener la AEE funcionando sin tener que entrar en otro proceso de reestructuración a corto o mediano plazo; y resultará en un aumento significativo en la tarifa para los consumidores puertorriqueños durante décadas. Por todas estas razones el RSA propuesto se debe rechazar y recomendamos que las partes regresen a la mesa de negociación”.


Se estima que, solo el cargo de transacción que impone el acuerdo, los bonistas se llevarán entre $100 millones y $200 millones de los bolsillos de los consumidores puertorriqueños. A lo largo del acuerdo, se proyecta que el costo de la electricidad aumentará de los aproximadamente 21.8 centavos por kilovatio/hora, a 27 centavos por kilovatio/hora. El economista José Alameda proyecta que, con los cargos, los/as consumidores/as terminarán aportando cerca de cincuenta mil millones ($50,000,000,000) entre el 2019 y el 2068, una cantidad cinco veces mayor que la de la deuda de bonos de la AEE, que no llegaba a los nueve mil millones ($9,000,000,000). 


¿Qué podemos hacer? Debemos mostrar como pueblo nuestro rechazo a este acuerdo, no se puede permitir este robo descarado. Es deber de la Jueza Swain rechazar este acuerdo y exigir condiciones justas para el país en cualquier acuerdo con los bonistas, unas que permitan nuestra recuperación y no requieran más austeridad. 

 

 

Judge Laura Taylor Swain: REJECT the PREPA agreement proposed by the Board and the bondholders

 

What? This petition seeks to demonstrate the people’s rejection of the Puerto Rico Energy Power Authority (PREPA) restructuring support agreement (RSA) between its bondholders and the Fiscal Control Board. We demand that Judge Swain say NO to this agreement that was negotiated behind closed doors and that would lead to a 36% increase in our electric bill, condemning us to misery. 

 

Why? If the agreement is approved, the first 6% electric bill rate hike will be imposed as early as July 2019. This is one of several increases that will raise electric bills by up to 36%. Consumers who generate their own energy, for example through solar energy, are also subject to a transition charge unless they are totally disconnected from the public electric system.


Energy is an essential service, and these new charges will not only represent a significant hike in residential consumers’ energy bills but could also bring forth indirect costs, as increased operating costs for commercial energy consumers due to energy rate hikes will surely increase the costs of their products and services. A rate hike of 36% will also mean that people will have less money to cover basic needs.


PREPA bonds were paid with the public corporation’s surpluses, that is, with what was left after paying off all of PREPA’s operational costs. However, under the terms of the restructuring agreement, consumers will directly pay the PREPA debt through various special charges in our bills. 


A pre-audit report showed that many of PREPA’s bonds were issued in violation of a clause that limited how much money the entity could take out in debt, and thus could all be null and void. For years, PREPA inflated its collection rates, including the energy debts of government entities and municipalities, even though these were hardly ever paid. PREPA did this in order to keep issuing bonds, and bondholders who purchased this debt did so with the knowledge that PREPA was inflating its collection rates. Nevertheless, now they pretend that people should pay back this debt. This is a rip-off and should not be permitted. 

Finally, the Board and the government are now promoting PREPA’s privatization. However, the company that will ‘acquire’ the entity will not assume even one cent of the debt payment. Additionally, privatization will not stop future rate increases in our bills or guarantee that existing protections against electricity cut-offs for people behind in payments will not be eliminated. 

 

According to Sergio Marxuach, from the Center for a New Economy: “The proposed RSA is not a good transaction for Puerto Rico. Its terms and conditions are too generous for the creditors; it discourages the transition to renewable energy; it is uncertain that it will provide the necessary debt relief to maintain PREPA functioning without having to enter into another debt restructuring process in the short or medium run; and it will result in a significant increase in Puerto Rican consumers’ energy bills for decades. For all these reasons, the proposed RSA should be rejected, and the parties should return to the negotiating table.”

 

It’s estimated that, just with the transaction charge that the agreement imposes, bondholders will receive between $100 and 200 million from Puerto Rican consumers’ pockets. Throughout the agreement’s life, it’s projected that the electricity rate will increase from approximately 21.8 to 27 cents per kilowatt/hour. Economist José Alameda estimates that, with the added charges, consumers will end up contributing about $50 billion between 2019 and 2068, a quantity five times higher than the actual PREPA debt, which is less than $9 billion.

 

What can we do? We must show our people’s rejection of this agreement; we cannot allow this blatant theft. Judge Swain’s duty is to reject this agreement and demand just conditions for Puerto Rico in any debt restructuring agreement, ones that allow our recovery without the need for more austerity measures.

 Referencias/References:  

1. Puerto Rico Commission for the Comprehensive Audit of the Public Credit. PREPA Pre-audit Survey Report.  (Agosto, 2016)

2. https://www.noticel.com/opiniones/blogs/cne/reestructuracion-de-la-deuda-de-la-aee-30/1080487696