A la ciudadanía en general;

A la sociedad organizada;

A las colectivas y colectivos en resistencia;

A los medios de comunicación;

A las autoridades responsables;

PRESENTES.-

A un año de los reprobables hechos ocurridos el día 9 de noviembre del 2020, donde la policía reprimió de forma brutal a la sociedad civil de Cancún mediante el uso de armas de fuego para disipar a las y los asistentes de la manifestación que se estaba realizando para exigir justicia ante el feminicidio de la joven Bianca Alejandrina, “Alexis”, en las inmediaciones del Palacio Municipal de Benito Juárez.

En el acontecimiento de los hechos, la policía municipal ejerció violencia hacia las y los manifestantes a través de golpes, amenazas verbales, privación de libertad y aislamiento, empleando el abuso sexual como tácitca de tortura hacia mujeres que ejercian su derecho a manifestarse.

Estas acciones se llevaron a cabo ante la mirada pasiva de la Guardia Nacional, a la que tanto apuesta el gobierno federal, que estuvo presente en todo momento. Manteniendo distancia, se limitaron a resguardar el edificio y a proteger el perímetro, permitiendo con esto que se pudiera modificar la escena y que los policías municipales pudieran limpiar las áreas donde se habían percutido armas de fuego y al mismo tiempo tener privados ilegalmente de su libertad a un número de manifestantes.

Esa misma noche los gobiernos, tanto a nivel estatal como municipal se deslindaron del actuar de la policía a través de comunicados, vídeos y entrevistas hacia la opinión pública. Declarando que ninguno de ellos dio la orden de accionar y de arremeter contra las y los manifestantes con tal envergadura y hasta la fecha, un año después, no se sabe quién fue el responsable de dar la orden. 

¿Cómo es posible que nadie haya dado la orden? ¿De verdad se piensa que los policías municipales actuaron bajo su propio criterio desacatando las órdenes de sus superiores?

La omisión, torpeza, incapacidad o falta de capacitación no son justificantes en casos de violaciones graves a los derechos humanos y a faltas en el servicio público. Al día de hoy, la cadena de mando sigue intacta. En este estado no ha cambiado nada, las mujeres siguen siendo asesinadas y la policía del estado no puede determinar ni siquiera cuál de sus propios policías dispararon a manifestantes, civiles, defensorxs de derechos humanos y periodistas desarmados que se encontraban en el lugar de los hechos.

Por lo expuesto anteriormente, presentamos el siguiente pliego petitorio:

1. Exigimos un alto a la simulación de justicia que deja en total impunidad los delitos cometidos por funcionarios públicos en nuestra contra y demuestra la incapacidad y nula voluntad de las autoridades de garantizar el acceso a la verdad y la justicia de las víctimas.
2. Exigimos #JusticiaparaAlexis con una investigación profesional y real que agote todos los medios para llegar a la verdad y a la justicia. Basta de investigaciones simuladas y presentaciones de presuntos culpables y el uso sistematizado de la tortura para la obtención de resultado, exigimos apego al debido proceso.
3. Pedimos que se genere una mesa de trabajo para analizar la integración de protocolos para el uso de la fuerza de las fuerzas policiacas en futuras manifestaciones que nos permita conocer las herramientas que podrán delimitar responsabilidades de las y los agentes, como tener números de identificación siempre visibles.
4. Exigimos conocer los procesos de capacitación y filtros de confianza y psicológicos que se les impondrán a las agentes del cuerpo policiaco estatal “Victoria”, quienes podrán participar en control de protestas. 
5. Exigimos se detenga el acoso y amenazas al comité de víctimas del 9N y que la federación deje de negar el acceso a medidas de seguridad para las y los defensores que llevamos un proceso contra el estado.
6. Exigimos la reparación integral del daño sufrido por todas las víctimas de manera completa e inmediata, así como un trato digno, mismo que no hemos recibido. Es obligación de la autoridad responsable de los hechos el responder por los daños ocasionados a las víctimas, basta al uso de técnicas dilatorias.
7. Exigimos la sanción a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo y a su titular Karla Rivero por agresión a las víctimas, al hacer uso de irregularidades e ilegalidades contra nuestros dictámenes de reparación y por el uso de sus abogados victimales tratando hacernos firmar declaraciones alteradas o recomendar denunciar delitos menores para mitigar la carga contra el estado.
8. Exigimos al Congreso del Estado de Quintana Roo que no dilate más la comparecencia de la presidenta Mara Lezama para responder por qué no ha dado cumplimiento a la recomendación por violación de derechos humanos que acepto en diciembre del 2019.
9. Exigimos la investigación y fincado responsabilidades a Alberto Cappella y Eduardo Santamaría. Debido a que existe una cadena de mando, no pueden quedar exentos en este proceso, ya que habían prometido investigar los hechos y a la fecha la impunidad también se hizo presente.
10. Exigimos el cumplimiento en su totalidad de la recomendación emitida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Quintana Roo a nuestra queja por las violaciones a derechos humanos de las que fuimos víctimas.
11. Exigimos políticas públicas para el acceso a la justicia real y digno, así como una atención a los temas de género y violencia contra la mujer muy graves que suceden en este estado

Responsabilizamos a la Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Benito Juárez, Mara Lezama y al Gobernador del estado, Carlos Joaquín de cualquier amenaza, agresión o campaña de difamación contra los integrantes de nuestro comité. Asimismo les responsabilizamos de los hechos acontecidos el día 9 de noviembre del 2020 y les exigimos se hagan responsables ante la represión, pues en dos ocasiones previas al #9N, sus funcionarios públicos dispersaron a la población mediante el accionar de las armas de fuego (Chedraui 8 octubre, y represión a taxistas y moto taxistas el 26 de septiembre del 2021)

Los integrantes de este comité de víctimas nos reconocemos como tales, pero también nos proclamamos defensores y defensoras emergentes de los derechos humanos y ocuparemos cada espacio de litigio y de lucha popular para acceder a la justicia como parte de una denuncia permanente y así evitar que nunca más vuelva a suceder un ataque como el que vivimos.

¡Ni una más, ni una menos!

Comité de Victimas del #9N

9 de noviembre de 2021, Benito Juárez, Quintana Roo.