Sr. Miguel Ángel Revilla, proteja la Salud Laboral de los trabajadores con discapacidad

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Mi nombre es Rafael de las Heras, soy funcionario del Gobierno de Cantabria y desarrollo mi labor en el Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo ( ICASST).
Debido a una enfermedad neuro degenerativa que sufro siringomielia y Malformación de Chiari, en 2011 en la Evaluación de Riesgos aparecía como medida preventiva para mi puesto la instalación de un pinganillo, pues bien, esa instalación no se produjo hasta el año 2016, después de sufrir un accidente de trabajo que ha sido declarado como tal por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria después de dos años de lucha.
Durante ese tiempo he pasado por distintas situaciones que me han llevado asumir que soy minusválido, así de claro, minusválido. Han sido muchas las personas que me han llevado a este convencimiento, compañeros de trabajo, el  propio Gobierno de Cantabria, la Inspección de Trabajo, la Mutua Montañesa, sindicatos y para mi sorpresa, CERMI  Cantabria.
Tras el accidente de trabajo, que no fue reconocido como tal por empresa  ni mutua, ni en la posterior reclamación al INSS, se  achacó la causa del mismo a mi patología de base causante de mi discapacidad. En un principio algunos  fueron receptivos a la paradójica situación de que una persona con discapacidad hubiera sufrido daños a su salud por la falta de medidas preventivas en el Órgano de la Comunidad Autónoma para la prevención de riesgos laborales, pero  que no se dieron por aludidos más allá de un primer interés, visto lo cual denuncie la precaria situación de la prevención de riesgos en mi trabajo a la Inspección de Trabajo, de la que curiosamente el director del ICASST es su ex director, denuncias que dieron lugar a un requerimiento de subsanación, ya que a la Administración no se le puede sancionar en materia de Prevención, donde se recogían los incumplimientos, hasta ocho, de la ley de Prevención de Riesgos Laborales por el ICASST.
Pues bien, ese documento que apoyaba mis tesis, curiosamente me cerró las puertas. Todo a partir de ahí se convirtió en un silencio, que he sentido,  en el caso de las demás personas o Instituciones a las que he recurrido, como una forma de violencia. Nadie contestaba a nada. Nadie se ponía al teléfono. Las formas de discriminación más insidiosas tal vez sean la negligencia, la indiferencia y el silencio cómplice, un sistema social vacío.
No pedía mucho,  simplemente apoyo a la hora de tocar algunas puertas, dar el caso a conocer, hoy no espero nada.
El resultado es el siguiente, he tenido mi primera baja laboral relacionada con mi discapacidad desde en año 1990, cuando se me diagnosticó mi enfermedad,  por un accidente de trabajo causado por la falta de adaptación de mi puesto de trabajo reconocido después de dos años de juzgados. He pasado de ser una  persona con discapacidad preparada, que ha conseguido un trabajo por méritos propios, que no ha faltado nunca al trabajo como se podía esperar por mi estado de salud, que tiene una vida plena  a ser un minusválido, obligado a mendigar derechos que ya me pertenecían gracias a la lucha de otros.
Y es que hoy reivindicar un derecho es visto como una provocación. Es hora de pedir respeto a la norma, de poner a cada cual ante sus responsabilidades, no puedo asumir  que ante irregularidades tan graves nadie asuma su autoría y acabe yo pagando con mi salud.

No podemos permitir que en Cantabria sea una Comunidad donde el máximo responsable de la vigilancia y control del cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, incumpla dicha Ley, habiendo causado daños a mi salud como trabajador,  y siga en su puesto apoyado en su círculo de influencias institucionales.
 
 



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