[versión española, abajo]

In the Balearic Islands, a woman in financial difficulties asked a man --the brother of an ex-- to lend her some money. He transferred 15,000 € to her account. Then he asked her to practice 2-3 fellatios per week while the debt would be standing. After five encounters, the woman told a few people she trusted. The man threatened her (this she reported to the police). Then she got a registered letter from him insulting her and threatening her to comply with the "agreement".

The victim's lawyers filed a request to start a court case on a crime of sexual abuse, while the investigating judge left it at serious coercion and the Prosecutor's Office understood it to be minor. However, the Balearic High Court of Justice dismissed the case because it understood that there was free consent, which prompted the victim to file an appeal of unconstitutionality. Now the Spanish Constitutional Court has ruled that the case has "no constitutional relevance".

It is the opinion of the under signers that sexual freedom is part of the basic freedoms covered by human rights and protected by the Spanish constitution, and also that blackmailing, threatening and harassment are serious offences. We thus deem both rulings wrong and request the authorities to revise both sentences and to amend whatever laws necessary to make sure that not only the constitution, but also the whole body of Spanish laws bans sexual harassment and prevents this from happening again. Additionally, particular punitive measures should be taken against the parties involved who had leeway to decide whether this was a crime and, incredibly enough, did not see any wrongdoing. This affects particularly section 2 of the Balearic High Court and the very Spanish constitutional Court.

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En las Islas Baleares, una mujer con dificultades económicas pidió a un hombre --el hermano de un ex-- que le prestara dinero. Él le transfirió 15.000 euros a su cuenta. Luego le pidió que practicara 2-3 felaciones a la semana mientras la deuda siguiera en pie. Después de cinco encuentros, la mujer se lo contó a algunas personas de confianza. Al enterarse, el hombre la amenazó (y ella lo denunció a la policía). Luego recibió una carta certificada en la que la insultaban y la amenazaban para que cumpliera el "acuerdo".

Los abogados de la víctima solicitaron el inicio de una causa judicial por un delito de abuso sexual, mientras que el juez instructor lo dejó en coacciones graves y la Fiscalía lo entendió como leve. Después, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares archivó la causa por entender que hubo libre consentimiento, lo que llevó a la denunciante a presentar un recurso de inconstitucionalidad. Ahora el Tribunal Constitucional español ha dictaminado que el caso no tiene "relevancia constitucional".

En opinión de los abajo firmantes, la libertad sexual forma parte de las libertades básicas amparadas por los derechos humanos y protegidas por la Constitución española, y además el chantaje, la amenaza y el acoso son delitos graves. Por lo tanto, consideramos que ambas sentencias son erróneas y solicitamos a las autoridades que revisen ambas sentencias y que modifiquen las leyes que sean necesarias para asegurar que no sólo la constitución, sino también todo el conjunto de leyes españolas prohíban el acoso sexual y eviten que esto vuelva a ocurrir. Además, deberían tomarse medidas punitivas particulares contra las partes implicadas que tenían margen para decidir si esto era un delito y, por increíble que parezca, no vieron delitoo alguno. Esto atañe, en particular, a la Sala Segunda de la Audiencia de Palma y al propio Tribunal Constitucional.