SOLICITUD A LA CIDH POR EL TRASLADO DE LA SUBESTACIÓN MBURUCUYÁ - Ref: P-1966-17

0 persona firmaron. ¡Ayudá a conseguir 1,000!


Contra la voluntad de los vecinos del barrio Mburucuyá, de Asunción, Paraguay, la empresa estatal Administración Nacional de Electricidad (ANDE), colocó en servicio una subestación eléctrica y las líneas asociadas de media y alta tensión, afectando sus derechos humanos a la Salud, Vida, Medio Ambiente Sano, Igualdad ante la Ley, Participación Ciudadana y Propiedad Privada.

En el año 2.002, la IARC/OMS clasificó los campos magnéticos de frecuencia extremadamente baja como un agente “posiblemente carcinógeno”, además, varias declaraciones de organizaciones médicas y científicas, como las de Venecia, Porto Alegre, Seletun y Bruselas, así como la Resolución Nº 1.815 de la Asamblea Parlamentaria Europea y el Informe Bioinitiative 2.012, advierten sobre los riesgos de las radiaciones no-ionizantes de baja frecuencia, y recomiendan a los gobiernos la aplicación del Principio Precautorio.

A raíz de la omisión de las autoridades sanitarias, ambientalistas y municipales, y de los fallos adversos de la desprestigiada justicia paraguaya, un grupo de 277 vecinos recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentando, el 04 de agosto de 2.017, hace un año, una petición de traslado de la subestación eléctrica que afecta sus derechos.

Sin embargo, a pesar de las 296 pruebas presentadas y la información disponible actualmente, es raro encontrar magistrados valientes como el Juez José Moreno Hellín, de Murcia, España, quien después de 12 años de pleito, el 27 de junio de 2.008, condenó a la poderosa empresa Iberdrola a adquirir la vivienda del Sr. Francisco Hernández, un departamento ubicado en el centro de la citada ciudad, porque había sido contaminado electromagnéticamente con un transformador instalado en el subsuelo del edificio.  El inmueble estaba tasado en la suma de 329.000 euros.

El 08 de agosto de 2.014, el diario argentino Clarín publicó una nota con el título: “Afirman que la contaminación en Ezpeleta causa cáncer”, que informaba acerca de un estudio realizado por importantes universidades argentinas, con respecto a la afectación de la salud y la vida de las personas, en función a la contaminación electromagnética generada por la Subestación Sobral, en Ezpeleta, Quilmes, Provincia de Buenos Aires, Argentina.

El estudio llegó a la conclusión de que los vecinos de la Subestación Sobral tenían 7 veces más posibilidades de contraer cáncer, y 3 veces más posibilidades de contraer enfermedades neurológicas y neurosíquicas, con relación a los vecinos de la Subestación Rigolleau, en Berazategui, que todavía no se encontraba en servicio. Además, se verificó que los vecinos de la Subestación Sobral tenían casi 7 veces más posibilidades de morir, con relación a los vecinos de la Subestación Rigolleau, y que 58% de los fallecidos en Ezpeleta fue por causa del cáncer.

Obviamente, los vecinos del barrio Mburucuyá no podríamos estar en contra del desarrollo de la tecnología y del progreso del país, toda vez que las obras se realicen en el marco de la Resolución Nº 66/288 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que los Estados Partes manifiestan: ”Reconocemos que las personas son el elemento central del desarrollo sostenible y, a este respecto, nos esforzamos por lograr un mundo que sea justo, equitativo e inclusivo, y nos comprometemos a trabajar juntos para promover el crecimiento económico sostenido e inclusivo, el desarrollo social y la protección del Medio Ambiente, lo cual redundará en beneficio de todos”.

Estamos también totalmente de acuerdo con el Papa Francisco, que en su Carta Encíclica Laudato Si, ítem 147, manifiesta: “Para que pueda hablarse de un auténtico desarrollo, habrá que asegurar que se produzca una mejora integral de la calidad de vida humana, y esto implica analizar el espacio donde transcurre la existencia de las personas. Los escenarios que nos rodean influyen en nuestro modo de ver la vida, de sentir y de actuar. A la vez, en nuestra habitación, en nuestra casa, en nuestro lugar de trabajo y en nuestro barrio, usamos el ambiente para expresar nuestra identidad”.

El tema de nuestra petición no era desconocido para la CIDH, porque en el marco de una Audiencia Temática organizada en la ciudad de Buenos Aires, el 26 de mayo de 2.017, presentamos un informe general sobre la violación de los derechos humanos por la instalación de subestaciones y líneas eléctricas de la ANDE. El vídeo se encuentra en: https://www.youtube.com/watch?v=jFfCPz2UcLI

Entre los vecinos que promueven la denuncia se incluye una persona de 103 años de edad, 11 personas de 80 a 90 años de edad, y también muchos menores. Varios vecinos, totalmente ignorados por las autoridades, como si formaran parte de la “cultura del descarte” que menciona el Papa Francisco, se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, porque sufren diversas patologías desde antes de la instalación de la subestación, o bien porque utilizan implantes metálicos, marcapasos u otros dispositivos sanitarios, como corrobora el caso de una vecina, a quien se le quemó el electrodo de su marcapasos hace unos años, al transitar cerca de una línea eléctrica de alta tensión.

Atendiendo a esa situación de urgencia, el 25 de enero de 2.018, se solicitó a la CIDH el adelantamiento del estudio de nuestra petición, con base en lo que establece el Art. 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero la comisión no tuvo la cortesía de responder la nota.

Así también, el 17 de febrero de 2.018, se solicitó a la CIDH realizar una visita “in loco”, conforme a lo establecido en el Art. 48 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero la comisión tampoco respondió a ese pedido.

Si bien la CIDH informa que se encuentra realizando esfuerzos por recuperar los atrasos de tramitación de peticiones de años anteriores, su gestión resulta muy preocupante, porque se trata de un organismo internacional creado para precautelar los derechos humanos, por lo tanto, debería actuar con rapidez y eficacia a fin de evitar que los daños causados por las violaciones sean graves e irreversibles, y para que las víctimas reciban justicia en vida.

Una recomendación favorable de la CIDH con relación al traslado de la Subestación Mburucuyá, servirá como importante antecedente para la defensa de los derechos humanos de otras comunidades afectadas por la creciente polución electromagnética del ambiente.

Agradecemos sinceramente su apoyo en esta larga y desigual lucha que mantenemos.

 

 



Hoy: Julio cuenta con tu ayuda

Julio Pallarolas necesita tu ayuda con esta petición «SOLICITUD A LA CIDH POR EL TRASLADO DE LA SUBESTACIÓN MBURUCUYÁ - Ref: P-1966-17». Unite a Julio y 539 personas que firmaron hoy.