Contra un posible fraude electoral: No al contrato firmado entre el INE y Scitum.

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Recientemente el Instituto Nacional Electoral (INE) canceló el contrato que tenía firmado con el Instituto Politécnico Nacional (IPN), el cual confiaba a la tecnología desarrollada por una institución mexicana de reconocido prestigio nacional e internacional la importante labor de otorgar confianza y credibilidad en el conteo electrónico de votos de las elecciones que se realizarán en julio. Actualmente el INE asignó esas funciones a la empresa Scitum, la cual forma parte de Grupo Carso y Telmex. En este sentido, que el INE contrate con dinero público a una empresa privada para el conteo de votos, es parte de los intereses económicos y políticos que están en juego en esta contienda electoral. Por otro lado, el INE (al ser una institución pública) debería de haber realizado una consulta ciudadana previa a la contratación de esta empresa privada. Esto es grave por varias razones:


1.- Otorga a una empresa privada, basada en la lógica de la ganancia, la importante tarea de resguardar el bien común, así como la calidad democrática de la jornada electoral.

2.- Como bien sabemos, los empresarios no son un agente neutral que sólo provea servicios a la sociedad, sino que son una parte interesada dentro del proceso electoral y, por esa razón, se corre el riesgo de que éste sea secuestrado por sus intereses privados.

3.- Los votos se convierten, entonces, en bienes privados que favorecen a la clase económica y política dominante.

4.- Se pone en marcha un proceso de privatización de la vida democrática.

5.- La privatización de la vida democrática imposibilita, así, el ejercicio pleno de ciudadanía y el derecho al voto.

6.- Se comienza a trazar en el horizonte otro posible fraude electoral a nivel presidencial. La renuncia de Margarita Zavala y el otorgamiento del PREP a la empresa Scitum, nos resultan sospechosas.


Por estas razones exigimos que el INE, cumpliendo su mandato de garantizar la imparcialidad de las elecciones, asigne nuevamente el conteo de votos a instituciones públicas bajo control ciudadano, evitando así el evidente conflicto de intereses en el que incurre, debido a que dueños de la empresa Scitum son familiares de algunas y algunos de los actores políticos que participan en la contienda electoral. Devolver la tarea de velar por la certidumbre del proceso democrático a instituciones de educación pública de reconocido prestigio, en lugar de a un grupo de empresarios, ayudaría a fortalecer la escasa confianza que la ciudadanía tiene actualmente en los partidos políticos y los organismos independientes que, como el INE, han insistido en sostener acciones que pueden vulnerar el bien común actuando sin consultar al pueblo. Asimismo, nos oponemos enfáticamente a que el INE haya utilizado recursos públicos para el contrato de la empresa Scitum, puesto que no se llevó a cabo una consulta ciudadana que lo avalara y eso ya supone la vulneración de nuestros derechos en el proceso electoral que dice ser democrático y transparente.


Donovan Hernández Castellanos

María Antón Ordorika



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