#SiFueraPresidente Pongamos en marcha la Política Pública Nacional LGBTI

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PONGAMOS EN MARCHA LA POLÍTICA PÚBLICA NACIONAL LGBTI

Consecuencias:

Somos asesinados sólo por ser diferentes, por ser el reflejo de la diversidad de la misma naturaleza, por no encajar en las expectativas de una sociedad que regula nuestro cuerpo y nuestro sentir; somos discriminados en muchos de los contextos cotidianos como el trabajo, el colegio, la universidad, en los centros de salud, en la iglesia y lo más lamentable en nuestro propio hogar; en muchos casos, esto nos ha llevado al suicidio y en el marco del conflicto armado las violencias de las cuales han sido víctimas las personas que pertenecen a nuestra población, se exacerban a razón de su orientación sexual y de su identidad y/o expresión de género.

Y es que, si bien no se pueden negar los avances que se han dado en pro de los derechos de nuestra comunidad, en numerosas encuestas que se nos han realizado, la mayoría de nosotros hemos manifestado haber sido discriminados recibiendo constantes atropellos a nuestros derechos y dignidad.

La falta de reconocimiento estatal y la institucionalización de los discursos de odio que promueven la violencia hacía nosotros, han permitido que, en los últimos años, 440 integrantes de nuestra comunidad fueran asesinados en Colombia.

Causas:

Uno de los obstáculos en el pleno reconocimiento y garantía de nuestros derechos son, las tensiones con sectores de la sociedad civil, especialmente grupos religiosos y conservadores; así como también dentro de la institucionalidad, con integrantes de cuerpos colegiados, servidores y servidoras públicos y entes de control, quienes en ocasiones expresan abiertamente posiciones ideológicas de rechazo a la diversidad sexual. Es por esto que, en escenarios políticos de representación, como el Congreso, se hunden las iniciativas en pro de nosotros, y como ejemplo está el fallido proyecto de ley que buscaba el matrimonio igualitario.

Lo anterior se traduce en la carencia de legislación colombiana orientada a proteger y reconocer la diversidad sexual, y el porqué del avance significativo en esta materia se ha dado principalmente gracias a fallos de la Corte Constitucional.

Problema:

La falta de voluntad política para apoyar iniciativas que amparen y reconozcan a la población LGBTI, pues el apoyo a esta causa por la igualdad ha implicado, para aquellos que están en el poder, poner en riesgo su influencia, su respaldo burocrático y el apoyo de algunos sectores del electorado. Y no sólo el problema queda allí, pues incluso, cuando por fin se logran materializar algunas iniciativas en documentos con validez jurídica, en muchos casos no se logra que estas pasen del papel a la realidad.

Propuesta:

Las Políticas Públicas están orientadas a mejorar las condiciones de vida, de una determinada población que está en condiciones de vulnerabilidad, son un excelente mecanismo de gobernabilidad para el Estado en su apuesta por la reivindicación y la garantía de los Derechos Humanos para sectores ciudadanos históricamente excluidos, pero, sobre todo, permite separar el avance social de la alternancia de las personas y de las posturas políticas que ocupan los escenarios de poder, tanto en la rama ejecutiva, legislativa y judicial.

Por lo anterior, aplaudimos la iniciativa del gobierno de firmar el decreto No: 762 de 2018 que pone en marcha la Política Pública Nacional LGBTI, pues consideramos que es una buena respuesta frente a la reivindicación de los derechos que nos han sido negados y requieren ser protegidos y promovidos, como, el derecho a la vida, a la educación, al trabajo, a la familia entre otros.

No obstante, no queremos que se quede en el papel, queremos que sea una realidad, como ha ocurrido con esta política en otras ciudades del país, resaltando el caso puntual de la ciudad de Bogotá, donde su implementación ha demostrado, a través de indicadores, una disminución de la discriminación y una mayor participación e incidencia de los ciudadanos en el ejercicio pleno de su ciudadanía.

Para que esto también sea una realidad en todo el territorio nacional, proponemos:

- Garantía y control institucional a la implementación de la Política Pública, la cual consideramos coherente y pertinente que se dé a partir del Despacho del Viceministerio para la Participación e Igualdad de Derechos.

- Creación y puesta en marcha de un Observatorio para la implementación y seguimiento de la política pública LGBTI.

- Participación activa de las organizaciones sociales y de la sociedad civil en general, en la territorialización, transversalización, implementación y evaluación a través de la consolidación de consejos consultivos LGBTI descentralizados, con el fin de garantizar un proceso concordante a los contextos de cada territorio, respondiendo con ello a una mayor apertura democrática y participación ciudadana dando línea para la deseada consolidación de una paz territorial, que se busca tras la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.
 



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