Petición cerrada

POR UNA REFORMA INTEGRAL EN LA ADMINISTRACION DE LA CIENCIA EN MEXICO

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El pasado 22 de abril, día de la tierra, miles de científicos y estudiantes del área científica nacional marcharon en varias ciudades del país, de la misma manera que en muchos otros países del orbe miles de científicos lo hicieron. Esta organización fue la respuesta global a la llamada de los científicos en Estados Unidos para protestar por las políticas del Presidente Donald Trump, basadas en negar algunos hechos confirmados por la ciencia, principalmente el calentamiento global. Hubo marchas en cientos de ciudades de Europa, Asia, América y África. En México, esta marcha fue aprovechada además por los científicos mexicanos para evidenciar algunos de los problemas que enfrentamos los miembros de la comunidad científica del país. El principal de estos es sin duda el recorte presupuestal del 23% que ha afectado varios aspectos, entre las que se incluyen las adecuaciones y limitaciones a la becas de estudiantes de posgrados nacionales, o las condiciones de carencia en las que muchos científicos tenemos que desarrollar nuestra tarea.  Sin embargo, otro de los problemas importantes que se presentan hoy en día en la ciencia nacional, que fue apenas mencionada en este foro, es la corrupción científica, la cual es más abundante de lo que muchos, incluyendo al SNI y al CONACYT, quisieran aceptar.

Esta corrupción se presenta de diversas formas y a diferentes niveles e incluye el fraude científico en diversas modalidades, entre ellas se encuentra por ejemplo la falsificación de resultados, el plagio (documentado por CONACYT hace un par de años), el regalo y tráfico de co-autorías en publicaciones internacionales, práctica muy extendida entre los investigadores nacionales, o la falsificación de méritos curriculares entre otras.  

Este tipo de acciones evidentemente se llevan a cabo porque representan una ventaja para los investigadores que las cometen sobre sus pares, ya sea para la obtención de recursos económicos para proyectos, o de beneficios económicos como el otorgado por el SNI a sus miembros, u otros estímulos económicos por productividad que  pueden incluso representar hasta el 100% o más del salario anual de un investigador. Además estas prácticas permiten escalar los escalafones institucionales y así obtener los beneficios que ello implica, como la participación en comités de evaluación o de toma de decisiones científica, lo que abre la posibilidad a que la corrupción se perpetúe.

Todo lo anterior se debe en parte no solamente a la falta de ética de los investigadores, pero también al actual sistema de evaluación del SNI y el CONACYT para proyectos o distinciones, sin que por supuesto esto sea una justificación para la comisión de estos actos. Esta evaluaciones toman en cuenta la cantidad de productos generados por un investigador, dejando en un nivel secundario, si acaso, la calidad de los productos generados o las formas como estos productos son logrados y que puede involucrar la comisión de actos de corrupción. Esta situación ha generado que una buena cantidad de investigadores, incluso algunos con un excelente nivel académico, recurran a estas prácticas porque están más preocupados por cumplir los requisitos numéricos de productividad, que afecta directamente su ingreso económico, que por la calidad de la ciencia que realizan.

Este escenario es peor aún y es favorecido porque actualmente en el SNI y el CONACYT no existen:

1º         la obligación de la instituciones apoyadas por el CONACyT para informar al SNI y al mismo CONACYT sobre los actos de corrupción cometidos por sus investigadores, y en cambio ocurre que las instituciones los protegen a pesar de la falta de ética y responsabilidad en la que incurren y la comisión de actos de corrupción.

2º         los mecanismos necesarios para detectar estos actos de corrupción cometidos por sus miembros o sujetos de apoyo, que ponen en peligro el trabajo de muchos investigadores, principalmente jóvenes, debido a la competencia desleal que se conjuga en algunos casos con la falta de apoyo económico por parte de las instituciones a algunos investigadores, por lo que los investigadores mismos tenemos que denunciar estos casos de corrupción científica, lo que actúa en detrimento del ambiente laboral en el gremio científico.

3º         la obligación por parte de alguna instancia del SNI y el CONACYT para investigar presuntos casos de corrupción por parte de sus miembros o sujetos de apoyo o la obligación para que sean turnados a una instancia facultada para llevar a cabo una investigación a fondo, en cambio los reglamentos actuales dan la libertad para que las instancias encargadas de revisar estos casos tomen la decisión sobre investigar o no los presuntos actos de corrupción.

4º         claridad sobre los mecanismos para llevar a cabo una investigación sobre un presunto acto de corrupción científica, en cambio el SNI pretende que los mismos investigadores que denunciamos seamos los encargados de probar los actos de corrupción, a pesar de que claramente los investigadores no tenemos las facultades para ello y de que a veces dichos actos de corrupción han sido ya dictaminados por instancias internacionales y además hechos públicos.

 5º        las instancias confiables y con las facultades necesarias a las que un alumno, personal de apoyo o investigador pueda recurrir de manera anónima para interponer una denuncia por actos de corrupción, sin que esto se traduzca en represalias para el denunciante. Esto genera incertidumbre y miedo lo que permite la perpetuación del ciclo de la corrupción.

6º         los mecanismos para verificar la veracidad y calidad del trabajo realizado por los investigadores y de su curricula, lo que en cambio se basa en la “buena fe” de los investigadores como lo reconoce el mismo CONACyT en su comunicado 66 fechado el día 3 de agosto de 2015, lo que en base a la experiencia mundial y nacional es simplemente insuficiente, máxime cuando el ingreso económico está de por medio.

7º         el derecho de réplica a las evaluaciones de proyectos realizadas por pares, que muchas veces aprovechándose del anonimato llevan a cabo revisiones cuestionables, infundadas académicamente e incluso a veces con un claro conflicto de intereses.

8º         una instancia de fiscalización del gasto en investigación realizado por los investigadores nacionales y las instituciones.

Todo lo anterior se traduce en un sistema semi-feudal en el que existen: competencia desleal que favorece el desarrollo de algunos grupos de investigación sobre otros, corrupción pero sobre todo impunidad, la cual es aprovechada por algunos investigadores para seguir cometiendo estos actos de corrupción que a veces convierten en rehenes a alumnos, personal de apoyo e incluso otros investigadores. Esto en conjunto reduce de manera substancial la calidad de la ciencia nacional.

Ante este escenario, aunado a los recortes presupuestales, la devaluación del peso, la fuga de cerebros, y otras condiciones de la ciencia en nuestro país y en el mundo, es evidente la urgencia para que se lleve a cabo una reforma integral del SNI y el CONACYT, que favorezca una competencia real basada en la calidad y no en la cantidad, entre muchos otros aspectos. Si bien es cierto que en el último reglamento del CONACyT se hace hincapié en la calidad de los productos generados, no están especificados claramente los parámetros para evaluarla, dejándolo al criterio de las comisiones de evaluación, en donde muchas veces se fraguan los actos de corrupción.

Si bien es cierto que la investigación es central para el desarrollo de las sociedades actuales, esta debe garantizarse como del más alto nivel posible o de otra manera solo representa un desperdicio de recursos, lo que en este país con todas sus carencias es inaceptable.

Por todo lo anterior se hace un llamado a los investigadores del pais, la AMC, la UCCS, al SIN, el CONACyT, el ForoCCyT, la SS, las instituciones de investigación, la AMIINSHAE y demás Sociedades científicas del país para impulsar una agenda que reforme integralmente el sistema de administración científica del país para que este se actualice y adecue a las condiciones y necesidades del país e internacionales del sXXI.

 



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