El problema
JUECES CONSENTIDOS
Por: JOSÉ LUIS PALACIOS BLANCO
La decisión del presidente López Obrador de bajarse el sueldo y modificar la Ley Federal, ha provocado un enorme revuelo entre los privilegiados burócratas. Confieso abiertamente ser partidario de esa decisión. Es cierto que en otros países desarrollados los funcionarios públicos son los mejor pagados, pero lo hacen basados en resultados, como en Singapur. En México, no. Ser político o funcionario público es formar parte de una casta privilegiada que por décadas ha vivido en una burbuja que pocos pueden disfrutar. Son la alta burocracia un grupúsculo menor al 3% de la población y goza sueldos y prestaciones muy por arriba del promedio de los trabajadores, incluso de la iniciativa privada.

Vayamos por partes. La burocracia (sea del Poder Legislativo, Ejecutivo o Judicial), es privilegiada. No vende. Tiene completa seguridad en el trabajo. No es evaluada por resultados (solo por metas que se auto imponen), tienen horarios fijos, prestaciones superiores a la ley, la seguridad laboral (al menos en el periodo de gobierno), se auto otorgan bonos, tienen enormes vacaciones y permisos, esperan jubilaciones tempranas, aprovechan seguros médicos y de gastos mayores, tienen apoyos económicos y hasta asesoría legal. Con la decisión de AMLO, el poder Ejecutivo (la burocracia en pleno), el Poder Legislativo ya comenzó a “apretarse el cinturón” y desde luego, el Poder Judicial inició la resistencia.

Este poder es privilegiado. En eso tiene razón también AMLO quien esta semana declaró que el aceptar recibir sueldos que rondan los $ 600,000 pesos mensuales es también corrupción y una completa falta de sensibilidad para con las mayorías del País. Además de esos niveles salariales estratosféricos, consiguen trabajo para su grey, para sus familiares. Estudios recientes como los de Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad, muestran que alrededor del 60% del personal que labora en el Poder Judicial es familiar del resto de los colaboradores. Hijos, nueras, cuñados, padres, hermanos, disfrutan de las mieles suculentas del presupuesto.

Era necesario, indispensable, que alguien los llevara al piso de la realidad del 55% de los mexicanos pobres, al suelo que pisan el 93% de mexicanos que no viven del presupuesto y que no tienen la seguridad laboral ni los sueldos que ellos tienen. El diagnóstico de AMLO fue correcto y se convirtió en promesa de campaña para que nadie ganara más que el Presidente de la República. Así, recientemente, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 433 votos a favor, 9 en contra y una abstención, en lo general, la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, minuta turnada por el Senado de la República para que el próximo año nadie gane más que AMLO.

Estoy seguro que el servicio público es una vocación, y no un privilegio y que como dice AMLO, si no les gusta el sueldo pueden buscar otro empleo. De concretarse este lineamiento, sería deseable que permanecieran profesionales con alta vocación de servicio a la Patria y no arribistas que no podrían conseguir trabajo a través de concursos como lo hace la enorme mayoría de los mexicanos. Ahora viene un enorme problema. Los Jueces no quieren bajarse el sueldo. Se aferrarán a sus privilegios. Seguramente, aunque sean “juez y parte”, pelearán su hueso como caninos. El viernes, Alberto Pérez Dayán, ministro de la Suprema Corte (SCJN), admitió por supuesto, el trámite de inconstitucionalidad contra la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos, a raíz de la impugnación que presentó la oposición en el Senado. Era lógico.

Con esta determinación de la Corte de congelar la iniciativa de AMLO, inicia la batalla legal del nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuyo propósito es que nadie en el servicio público gane más que el Presidente, tanto los tres Poderes como los órganos autónomos. Generará (aunque perdiera, pues los jueces obviamente dictaminarán a su propio beneficio) una corriente de opinión pública a su favor. Sondeos nacionales realizados esta semana, muestran que 3 de cada 4 mexicanos están de acuerdo en bajar los sueldos a la alta burocracia. Esto es, se trata de una medida enormemente popular.

Reconozcamos que el gobierno ha generado numerosas instituciones: para Derechos Humanos, para elecciones, para evaluación educativa, para acceso a la información, para la no discriminación, para la regulación de energía, para la mejora regulatoria, etc. etc. y al ser autónomos no tienen restricciones en cuando a salarios. Y se han despachado con la cuchara grande. Se les pasó la mano por completo en los numerosos organismos autónomos que se han creado por doquier en el País para engrosar el gasto y los privilegios. Aumenta el gasto corriente y disminuye o desaparece, la inversión en beneficio de la gente.

Seguramente la reforma de ley permanecerá congelada hasta que la Suprema Corte defina si es constitucional o no, y tardará el que bajen los salarios de los burócratas a menos del que tiene el Presidente de la República, el de AMLO a 108 mil pesos al mes. Por eso seguramente, por esta suspensión, el Congreso de la Unión (diputados y senadores) deberán elaborar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2019 igual al del ejercicio fiscal 2018 en cuanto a salarios refiere. Es decir, no bajarán los salarios de los funcionarios este 2019 pues debe resolver la Corte la controversia de constitucionalidad.

Hay dos posiciones en la sociedad frente a esto: la del “pueblo sabio” que quiere abrumadoramente que los políticos y burócratas tengan menos privilegios y la otra, aunque muy minoritaria, de que se mantengan sueldos altos para “evitar la corrupción”. Sigo estando con la mayoría: que les quiten los privilegios.

La solución
Que senadores de PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano e independiente que promovieron la controversia, se desistan de la acción planteada ante la Suprema Corte.

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Mexicano indignado.