Oposiciones docentes OBJETIVAS y con GARANTÍAS.

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Señor Ministro de Educación y líderes de los partidos políticos: el proceso de selección de los docentes de este país no debería depender del factor suerte, y sin embargo, así es.

El sistema de acceso a la función pública no funciona. Se lo dicen por activa y por pasiva los principales sindicatos, así como todo el colectivo docente, tanto interinos como funcionarios con plaza en propiedad. He aquí una breve radiografía de los PRINCIPALES PROBLEMAS QUE ÉSTE PRESENTA:


Primero: el opositor no tiene ninguna garantía de éxito en la preparación y estudio del temario establecido por el Ministerio. Dicho Ministerio tiene definidos los títulos de cada uno de los temas que el aspirante debe desarrollar en la prueba de selección, pero no aporta nada más. Ni bibliografía considerada válida, ni ningún tipo de fuente reconocida u oficial que dé garantías de que la información presente en las mismas es la que el tribunal considerará válida.

Segundo: el Ministerio y las correspondientes Consejerías de Educación españolas deberían buscar a los más cualificados, y no a aquellos que destaquen en el desarrollo de un solo tema. El docente debe conocer la totalidad del temario, pues sin conocimiento no hay enseñanza posible.  De ahí que el desarrollo por escrito de un solo tema no tenga ningún valor como prueba de acreditación de dicho conocimiento.

Tercero: los miembros del jurado no reciben ninguna actualización o formación específica para la corrección de dicho temario que, en no pocas ocasiones, es distinto al que ellos estudiaron al acceder a su plaza. ¿Con qué criterio único y unificado (que vendría dado por una bibliografía o fuentes oficiales) se espera juzgar la competencia de los docentes aspirantes? Existe un trato desigual y discriminatorio estructural: si, ya de base, cada tema puede sugerir decenas de exposiciones posibles y diferentes (debido a la vaguedad intrínseca de sus enunciados), la interpretación que el tribunal puede hacer del mismo se multiplica por tantas veces como miembros del jurado existen.

Cuarto: Es indiscutible que se debe asegurar el conocimiento práctico de la materia a impartir, pero en ocasiones esta valoración entra en discrepancias alarmantes entre jurado y aspirantes. Las nuevas leyes educativas nos hablan de la importancia de la evaluación, de la objetividad y transparencia en la misma, de la importancia de tener documentos que prueben el cumplimiento de los criterios de evaluación y calificación, así como del derecho fundamental del alumnado a la reclamación.
Sin embargo, cuando un opositor pide una revisión de la valoración obtenida en  las pruebas realizadas, la administración le cierra las puertas, alegando la “discrecionalidad técnica del jurado”, o lo que es lo mismo: el tribunal tiene la razón absoluta, sin tener por qué alegar pruebas que así lo demuestren. ¿Desde cuando discrecionalidad quiere decir arbitrariedad?

Quinto: La comprobación de la aptitud pedagógica del aspirante se realiza sobre una cadena de hipótesis. Partimos de una programación de aula que inventa las directrices pedagógicas dadas por su supuesto centro, decide “unilateralmente” los acuerdos establecidos en el departamento, y además explica las actividades programadas suponiendo que el alumnado responde exactamente como habíamos previsto.
Señores políticos, pregúntenle a cualquier docente por qué no hace falta explicar cuán lejos de la realidad se halla esta prueba…

Sexto y último punto: Todos los opositores se enfrentan a un único tipo de examen, aun cuando las circunstancias de cada uno no son en absoluto las mismas. Por un lado están los jóvenes aspirantes, llenos de conocimientos pero faltos de la práctica que sólo otorga el día a día en el aula.
Por otro están los interinos que demuestran año tras año conocer el oficio tan bien como sus compañeros funcionarios. Sin embargo, un sistema de oposiciones falto de objetividad y de efectividad en la evaluación de los que están o no están preparados para la docencia les ha negado una plaza en propiedad.
Por último tenemos a los que ya aprobaron su oposición, pero no tuvieron la suerte de obtener plaza. A éstos, convocatoria tras convocatoria, se les hace volver a examinarse y paralizar su vida familiar y profesional (hay un gran número de docentes que desea seguir formándose) para un teatro que genera hartazgo y hastío. ¿Verdad que nos llevaríamos las manos a la cabeza si obligásemos a los funcionarios con plaza a tener que seguir opositando cada dos años? ¿Qué diferencia no circunstancial (más o menos plazas en su convocatoria) existe entre los funcionarios con plaza y los interinos que aprobaron pero no pudieron obtenerla?

 

Expuesto este análisis, LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO, PEDIMOS:

1- Para cada una de las especialidades de la enseñanza pública: la publicación  de una bibliografía oficial, un temario desarrollado completo o cualquier otra fuente reconocida por las instituciones que acabe con la inseguridad y la ambigüedad a la que los opositores nos enfrentamos a la hora de afrontar el estudio del temario correspondiente.

2-Un examen de acceso tipo test, que asegure la selección de los más aptos por su conocimiento amplio y profundo de la materia. Además, se evitaría la ambigüedad y los conflictos entre las interpretaciones del tribunal calificador y los opositores. Este tipo de prueba aceptaría, a la vez, preguntas del temario y preguntas con supuestos prácticos de tipo pedagógico, con lo que se reduciría a una sola las pruebas de la oposición. Ni que decir tiene respecto al ahorro en tiempo y dinero que supondría.

3-En el caso de especialidades cuya parte práctica es imprescindible evaluar (EOI, EEAA, FP), la obligatoriedad por parte del tribunal de adjuntar, junto a la calificación otorgada al aspirante, la motivación de dicha calificación.
Además, dado que las nuevas tecnologías lo hacen posible y no es excesivamente costoso, la grabación audiovisual, de oficio, de todas las pruebas prácticas realizadas.

4-Diferentes tipos de acceso:
Un acceso a la función pública diferente para el profesorado que no posee experiencia (turno libre) y para el que lleva años sirviendo a la enseñanza pública (consolidación de empleo).
Además, pedimos la creación de una comisión que estudie y se comprometa para que, gradualmente, todos aquellos que hayan superado un procedimiento de oposición, puedan obtener su plaza en propiedad conforme la disposición de vacantes lo vaya permitiendo.

 

 

Esperamos que comprendan la necesidad de realizar estos cambios en el sistema de acceso a la función pública docente, pues el actual procedimiento genera sentimientos de incertidumbre, desigualdad, desafección e impotencia, por citar sólo algunos.
Nos piden que el profesorado aporte a la joven sociedad valores de esfuerzo, sacrificio, trabajo constante y dedicación. Sin embargo, este sistema juega a las cartas con nuestra vocación y con nuestro futuro.

Señor Ministro de Educación, señores políticos, esperamos que tengan a bien considerar la petición de los abajo firmantes.



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