SALVEMOS LA EDUCACIÓN PÚBLICA DE COSTA RICA
El problema
SALVEMOS LA EDUCACIÓN PÚBLICA
Solicitud de renuncia inmediata a la ministra de educación y un llamado a los poderes de la República a sumarse al Pacto por la Educación Pública.
Organizaciones sociales, colectivos autónomos y sociedad civil firmantes de este carta solicitamos de forma inmediata la renuncia a Anna Katharina Müller actual ministra de Educación de Costa Rica, ante la falta de soluciones y clara negligencia de la jerarca ante la peor crisis educativa de los últimos 40 años, los cuáles enumeramos a continuación.
1. Recortes presupuestarios que han afectado directamente en los gastos de operación de centros educativos y en servicios de becas de transporte y alimentación que son otorgados a estudiantes en condición de vulnerabilidad.
El presupuesto del MEP pasó de representar un 6,9% del PIB a un 5,3% en el 2023. Otra transferencia que muestra una reducción en el presupuesto es la realizada por el MEP para el Programa Avancemos (becas) del Instituto Mixto de Ayuda Social, la cual disminuye en ¢1.051 millones respecto al presupuesto definitivo de 2022. Esta situación, de acuerdo con lo indicado por el MEP, podría afectar a 67.184 estudiantes que recibieron ese beneficio en 2022. Otra variación relevante se denota en las transferencias corrientes y de capital destinadas por el MEP a las Juntas de Educación y Administrativas, donde se registra una disminución de ¢24.928 millones respecto al presupuesto definitivo de 2022.
2. La inexistencia de una ruta de la educación clara y coherente a las necesidades de la ciudadanía.
Hasta la fecha solo se cuenta con un recurso sobre la ruta de la educación que consta de una presentación en power point y se puede observar en https://www.mep.go.cr/ es alarmante que la educación pública a estas alturas siga sin un rumbo estratégico claro, y avanzando sobre la improvisación de lo que la ministra asegura está en su “cabeza”. Ante la peor crisis de los últimos 40 años es inaceptable que un ministerio no cuenta con las bases mínimas que planteen las prioridades y objetivos a mediano corto, mediano y largo plazo que permitan a toda la estructura y actores asociados aportar, dar seguimiento y evaluar la política pública de tan esencial área.
3. Infraestructura educativa en condiciones deplorables e insalubres, además de la falta de mantenimiento y nuevos proyectos.
Para el inicio de 2024 se habían generado 849 órdenes sanitarias en escuelas y colegios públicos del país, un centenar más que el año anterior cuando estas alcanzaron a 722, el programa para infraestructura y equipamiento del Ministerio de Educación Pública (MEP) pasó de ₡43.141 millones en el 2021 a ₡13.720 millones en el presupuesto del 2023. Si se consideran los fondos desde el 2014, se trata de una caída en términos reales de más de un 70%.
En este rubro, la partida de edificaciones e instalaciones cayó casi a la mitad, a un 40%, mientras la de maquinaria y equipo logró contener el recorte a alrededor de un 15%. Esto permite entender la creciente dificultad por el mantenimiento de las instalaciones educativas, además, el promedio de recursos transferidos a las juntas de educación y administrativas para infraestructura compra de terreno y alquiler estuvo por encima de los 52.000 millones de colones anuales hasta el 2019, a partir del 2020 ese promedio bajó a 14.560 millones, aprox 3,6 veces menor.
4. Ausencia de procesos de enseñanza actualizados a las nuevas líneas de investigación y tecnología.
La incorporación de pruebas estandarizadas que no son coherentes con los diversos contextos del país. Asimismo, el sistema educativo NO ha logrado diseñar instrumentos de medición acordes con los nuevos enfoques de enseñanza. Se ha implementado un modelo sin justificación técnica.
El 56% del personal docente señaló en el marco del Estado de la Educación 2023 que más de la mitad de sus estudiantes no alcanzaron los aprendizajes fundamentales en lectura y escritura y un 82% indicó que sus estudiantes presentaban menores conocimientos que generaciones previas. Esto quiere decir que las personas estudiantes están ingresando a la educación pública universitaria con importantes rezagos de aprendizaje.
5. La deslegitimación del sufrimiento del estudiantado que sufre bullying alegando que les afecta por tener “baja autoestima y falta de atención integral a la problemática, abordando las situaciones desde una perspectiva represiva.
La crisis educativa en Costa Rica ha puesto de manifiesto la alarmante inoperancia del Ministerio de Educación y de la ministra Anna Katharina Müller frente al problema del bullying. Esta inacción se evidencia en la tendencia a deslegitimar el sufrimiento de las víctimas, atribuyéndolo a su supuesta "baja autoestima" en lugar de reconocer la gravedad inherente del acoso. La ministra de educación y su equipo han demostrado una falta de comprensión profunda sobre la dinámica del bullying, optando por enfoques represivos que no abordan las causas subyacentes del problema y fallan en proporcionar el apoyo necesario tanto a víctimas como a agresores.
La incompetencia del Ministerio de Educación se refleja además en la ausencia de políticas integrales y basadas en evidencia para combatir el acoso escolar. En lugar de implementar estrategias holísticas que incluyan prevención, educación emocional y construcción de una cultura escolar positiva, la administración actual ha permitido que persista un enfoque fragmentado y poco efectivo. Esta falta de liderazgo y visión por parte de la ministra ha dejado a las instituciones educativas sin las herramientas necesarias para abordar eficazmente el bullying, perpetuando un ambiente escolar inseguro y perjudicial para el desarrollo integral de los estudiantes.
6. Entre 2019-2022 la cantidad de cursos para funcionarios del MEP se redujo en un 63% y los talleres, en un 78%. En ese período, también disminuyó el financiamiento para el desarrollo profesional, el cual pasó de 4.112 millones en 2019 a 551,3 millones de colones en el 2023.
El MEP tiene 69.000 reclamos por atrasos en pagos a personal docente y administrativo. Se calcula que hay más de 5.000 docentes y funcionarios a quienes se les debe el pago por recargos, para quienes no existe respuesta clara del parte del ministerio.Suman más de 37 mil personas trabajadoras de la educación pública, que con el tiempo han venido acumulando incumplimientos de pago, especialmente de carrera profesional y ahora, con la entrada en vigencia del Salario Global, también se están acumulando los reclamos por falta de pago de recargos, aumentos de jornada y de lecciones, y otros componentes salariales, que la ley impide pagar a las personas que ya están en el modelo de salario único.
7. En 2023 la exclusión estudiantil en la educación formal aumentó en 20%, en relación con el 2022.
Entre las razones recopiladas se encuentra que las personas estudiantes de entre 5 y 18 años tuvieron que empezar a trabajar, realizar tareas de cuidado del hogar y enfrentar barreras en el acceso a la educación. Las regiones educativas con la mayor incidencia son Sula, Zona Norte-Norte, Cañas, Peninsular y San Carlos. Más del 90% de las personas estudiantes excluidas provienen de secundaria, especialmente de educación para jóvenes y adultos.
Además, suscribimos los puntos establecidos en la Asamblea Legislativa en la comisión en la moción de censura el pasado miércoles 17 de julio, la cual se justificó con los siguientes puntos:
1- Que la Ministra Müller se niega a cumplir con el pago de diferentes componentes salariales de las personas trabajadoras del magisterio, como el pago del aumento por costo de vida, pago de salarios incompletos, no reconocimiento de lecciones impartidas, recargos no reconocidos, rebajos injustificados y el no pago de prestaciones. Motivo por el cual fue llamada a rendir cuentas ante la Defensora de los habitantes el 10 de junio del 2024, cita a la que se negó a asistir transgrediendo el deber de rendición de cuentas de toda persona funcionaria.
2- Que la Defensoría de los Habitantes realizó el 11 de junio del 2024 una inspección en las instalaciones de la unidad de reclamos salariales del Ministerio de Educación, en la que determinaron que existen unos 60 mil reclamos pendientes de resolver por diferentes componentes salariales, correspondientes a unas 37 mil personas, del total de 88 mil trabajadores de esa institución.
3- Que la Ministra Müller apoya la propuesta de recorte de 65 mil millones de colones al presupuesto ordinario de educación 2025, propuesto por el Ministerio de Hacienda, que lo convertiría en el presupuesto más bajo de los últimos años, alejándose cada vez más del 8% del PIB para educación.
4- Que lo anterior generaría una clara afectación al sistema educativo público, desembocando en un incumplimiento de sus deberes como Ministra de Educación al no garantizar la solvencia económica del sistema educativo y por ende, violentar el derecho humano a la educación y el interés superior de la persona menor de edad.
5- Que, a la fecha de hoy de junio del 2024, se desconoce el documento técnico de la "Ruta de la Educación", lo que genera incertidumbre e improvisación en la conducción del sistema educativo público, este mismo hecho es señalado por la Contraloría General de la República en diciembre del 2023 por medio del informe N° DFOE-CAP-IAD-00012-2023 "Informe de Auditoría sobre la Planificación Integral del Sistema Educativo".
6- Que a dos años de la gestión de la Ministra Müller, la crisis educativa se agudiza y persisten los mismos problemas por los cuales fue convocada a una interpelación en este plenario el 26 de setiembre del 2023: debilitamiento del bilingüismo en las aulas, no seguimiento de los Programa Integrales de Nivelación Académica, deficiencia de las Pruebas Nacionales Estandarizadas, el deterioro de la infraestructura educativa, la lógica regresiva en materia de educación informática y robótica, por mencionar algunas.
7-Que todas estas acciones y omisiones por parte de la Ministra Müller afectan gravemente el futuro social y educativo de Costa Rica, generando gran incertidumbre en la población y violentando diferentes derechos humanos vinculados a la educación. En la actual coyuntura de crecimiento I la inseguridad ciudadana y de la violencia, la respuesta debe ser fortalecer el sistema educativo público.
La aprobación de la moción de censura contra la Ministra de Educación, Anna Katharina Müller, es un evento que resuena profundamente en la historia sociopolítica de Costa Rica, al convertirse en la segunda figura en recibir tal sanción, la cual no se efectuaba desde el caso de Juan Diego Castro Fernández en 1995.
Esta censura no solo refleja una desaprobación y rechazo profundo hacia la gestión administrativa, sino también una crítica al sistema educativo y a la representación política. En una sociedad que valoriza la educación como un pilar fundamental y principal mecanismo de movilidad social, la ineficiencia, ineptitud y falta de transparencia son inaceptables y constituyen un desdén hacia los valores democráticos y los derechos de la sociedad costarricense, a esta acción se suma el recurso de amparo presentado por estudiantes contra Müller, ante el incumplimiento de sus funciones e inacción ante la crisis.
Las personas educadoras y estudiantes de Costa Rica merecemos un liderazgo comprometido y efectivo. La censura recibida es un claro indicativo de la pérdida de confianza en la capacidad de la Ministra Müller para dirigir el Ministerio de Educación Pública (MEP). Esta situación demanda un cambio inmediato, ¡por el bien del sistema educativo y la dignidad del magisterio!
Ante la alarmante situación, hacemos un llamado a los poderes de la República y organizaciones a sumarse con determinación al Pacto por la Educación Pública, para la búsqueda colectiva de las soluciones y defensa de la educación costarricense.
1716
El problema
SALVEMOS LA EDUCACIÓN PÚBLICA
Solicitud de renuncia inmediata a la ministra de educación y un llamado a los poderes de la República a sumarse al Pacto por la Educación Pública.
Organizaciones sociales, colectivos autónomos y sociedad civil firmantes de este carta solicitamos de forma inmediata la renuncia a Anna Katharina Müller actual ministra de Educación de Costa Rica, ante la falta de soluciones y clara negligencia de la jerarca ante la peor crisis educativa de los últimos 40 años, los cuáles enumeramos a continuación.
1. Recortes presupuestarios que han afectado directamente en los gastos de operación de centros educativos y en servicios de becas de transporte y alimentación que son otorgados a estudiantes en condición de vulnerabilidad.
El presupuesto del MEP pasó de representar un 6,9% del PIB a un 5,3% en el 2023. Otra transferencia que muestra una reducción en el presupuesto es la realizada por el MEP para el Programa Avancemos (becas) del Instituto Mixto de Ayuda Social, la cual disminuye en ¢1.051 millones respecto al presupuesto definitivo de 2022. Esta situación, de acuerdo con lo indicado por el MEP, podría afectar a 67.184 estudiantes que recibieron ese beneficio en 2022. Otra variación relevante se denota en las transferencias corrientes y de capital destinadas por el MEP a las Juntas de Educación y Administrativas, donde se registra una disminución de ¢24.928 millones respecto al presupuesto definitivo de 2022.
2. La inexistencia de una ruta de la educación clara y coherente a las necesidades de la ciudadanía.
Hasta la fecha solo se cuenta con un recurso sobre la ruta de la educación que consta de una presentación en power point y se puede observar en https://www.mep.go.cr/ es alarmante que la educación pública a estas alturas siga sin un rumbo estratégico claro, y avanzando sobre la improvisación de lo que la ministra asegura está en su “cabeza”. Ante la peor crisis de los últimos 40 años es inaceptable que un ministerio no cuenta con las bases mínimas que planteen las prioridades y objetivos a mediano corto, mediano y largo plazo que permitan a toda la estructura y actores asociados aportar, dar seguimiento y evaluar la política pública de tan esencial área.
3. Infraestructura educativa en condiciones deplorables e insalubres, además de la falta de mantenimiento y nuevos proyectos.
Para el inicio de 2024 se habían generado 849 órdenes sanitarias en escuelas y colegios públicos del país, un centenar más que el año anterior cuando estas alcanzaron a 722, el programa para infraestructura y equipamiento del Ministerio de Educación Pública (MEP) pasó de ₡43.141 millones en el 2021 a ₡13.720 millones en el presupuesto del 2023. Si se consideran los fondos desde el 2014, se trata de una caída en términos reales de más de un 70%.
En este rubro, la partida de edificaciones e instalaciones cayó casi a la mitad, a un 40%, mientras la de maquinaria y equipo logró contener el recorte a alrededor de un 15%. Esto permite entender la creciente dificultad por el mantenimiento de las instalaciones educativas, además, el promedio de recursos transferidos a las juntas de educación y administrativas para infraestructura compra de terreno y alquiler estuvo por encima de los 52.000 millones de colones anuales hasta el 2019, a partir del 2020 ese promedio bajó a 14.560 millones, aprox 3,6 veces menor.
4. Ausencia de procesos de enseñanza actualizados a las nuevas líneas de investigación y tecnología.
La incorporación de pruebas estandarizadas que no son coherentes con los diversos contextos del país. Asimismo, el sistema educativo NO ha logrado diseñar instrumentos de medición acordes con los nuevos enfoques de enseñanza. Se ha implementado un modelo sin justificación técnica.
El 56% del personal docente señaló en el marco del Estado de la Educación 2023 que más de la mitad de sus estudiantes no alcanzaron los aprendizajes fundamentales en lectura y escritura y un 82% indicó que sus estudiantes presentaban menores conocimientos que generaciones previas. Esto quiere decir que las personas estudiantes están ingresando a la educación pública universitaria con importantes rezagos de aprendizaje.
5. La deslegitimación del sufrimiento del estudiantado que sufre bullying alegando que les afecta por tener “baja autoestima y falta de atención integral a la problemática, abordando las situaciones desde una perspectiva represiva.
La crisis educativa en Costa Rica ha puesto de manifiesto la alarmante inoperancia del Ministerio de Educación y de la ministra Anna Katharina Müller frente al problema del bullying. Esta inacción se evidencia en la tendencia a deslegitimar el sufrimiento de las víctimas, atribuyéndolo a su supuesta "baja autoestima" en lugar de reconocer la gravedad inherente del acoso. La ministra de educación y su equipo han demostrado una falta de comprensión profunda sobre la dinámica del bullying, optando por enfoques represivos que no abordan las causas subyacentes del problema y fallan en proporcionar el apoyo necesario tanto a víctimas como a agresores.
La incompetencia del Ministerio de Educación se refleja además en la ausencia de políticas integrales y basadas en evidencia para combatir el acoso escolar. En lugar de implementar estrategias holísticas que incluyan prevención, educación emocional y construcción de una cultura escolar positiva, la administración actual ha permitido que persista un enfoque fragmentado y poco efectivo. Esta falta de liderazgo y visión por parte de la ministra ha dejado a las instituciones educativas sin las herramientas necesarias para abordar eficazmente el bullying, perpetuando un ambiente escolar inseguro y perjudicial para el desarrollo integral de los estudiantes.
6. Entre 2019-2022 la cantidad de cursos para funcionarios del MEP se redujo en un 63% y los talleres, en un 78%. En ese período, también disminuyó el financiamiento para el desarrollo profesional, el cual pasó de 4.112 millones en 2019 a 551,3 millones de colones en el 2023.
El MEP tiene 69.000 reclamos por atrasos en pagos a personal docente y administrativo. Se calcula que hay más de 5.000 docentes y funcionarios a quienes se les debe el pago por recargos, para quienes no existe respuesta clara del parte del ministerio.Suman más de 37 mil personas trabajadoras de la educación pública, que con el tiempo han venido acumulando incumplimientos de pago, especialmente de carrera profesional y ahora, con la entrada en vigencia del Salario Global, también se están acumulando los reclamos por falta de pago de recargos, aumentos de jornada y de lecciones, y otros componentes salariales, que la ley impide pagar a las personas que ya están en el modelo de salario único.
7. En 2023 la exclusión estudiantil en la educación formal aumentó en 20%, en relación con el 2022.
Entre las razones recopiladas se encuentra que las personas estudiantes de entre 5 y 18 años tuvieron que empezar a trabajar, realizar tareas de cuidado del hogar y enfrentar barreras en el acceso a la educación. Las regiones educativas con la mayor incidencia son Sula, Zona Norte-Norte, Cañas, Peninsular y San Carlos. Más del 90% de las personas estudiantes excluidas provienen de secundaria, especialmente de educación para jóvenes y adultos.
Además, suscribimos los puntos establecidos en la Asamblea Legislativa en la comisión en la moción de censura el pasado miércoles 17 de julio, la cual se justificó con los siguientes puntos:
1- Que la Ministra Müller se niega a cumplir con el pago de diferentes componentes salariales de las personas trabajadoras del magisterio, como el pago del aumento por costo de vida, pago de salarios incompletos, no reconocimiento de lecciones impartidas, recargos no reconocidos, rebajos injustificados y el no pago de prestaciones. Motivo por el cual fue llamada a rendir cuentas ante la Defensora de los habitantes el 10 de junio del 2024, cita a la que se negó a asistir transgrediendo el deber de rendición de cuentas de toda persona funcionaria.
2- Que la Defensoría de los Habitantes realizó el 11 de junio del 2024 una inspección en las instalaciones de la unidad de reclamos salariales del Ministerio de Educación, en la que determinaron que existen unos 60 mil reclamos pendientes de resolver por diferentes componentes salariales, correspondientes a unas 37 mil personas, del total de 88 mil trabajadores de esa institución.
3- Que la Ministra Müller apoya la propuesta de recorte de 65 mil millones de colones al presupuesto ordinario de educación 2025, propuesto por el Ministerio de Hacienda, que lo convertiría en el presupuesto más bajo de los últimos años, alejándose cada vez más del 8% del PIB para educación.
4- Que lo anterior generaría una clara afectación al sistema educativo público, desembocando en un incumplimiento de sus deberes como Ministra de Educación al no garantizar la solvencia económica del sistema educativo y por ende, violentar el derecho humano a la educación y el interés superior de la persona menor de edad.
5- Que, a la fecha de hoy de junio del 2024, se desconoce el documento técnico de la "Ruta de la Educación", lo que genera incertidumbre e improvisación en la conducción del sistema educativo público, este mismo hecho es señalado por la Contraloría General de la República en diciembre del 2023 por medio del informe N° DFOE-CAP-IAD-00012-2023 "Informe de Auditoría sobre la Planificación Integral del Sistema Educativo".
6- Que a dos años de la gestión de la Ministra Müller, la crisis educativa se agudiza y persisten los mismos problemas por los cuales fue convocada a una interpelación en este plenario el 26 de setiembre del 2023: debilitamiento del bilingüismo en las aulas, no seguimiento de los Programa Integrales de Nivelación Académica, deficiencia de las Pruebas Nacionales Estandarizadas, el deterioro de la infraestructura educativa, la lógica regresiva en materia de educación informática y robótica, por mencionar algunas.
7-Que todas estas acciones y omisiones por parte de la Ministra Müller afectan gravemente el futuro social y educativo de Costa Rica, generando gran incertidumbre en la población y violentando diferentes derechos humanos vinculados a la educación. En la actual coyuntura de crecimiento I la inseguridad ciudadana y de la violencia, la respuesta debe ser fortalecer el sistema educativo público.
La aprobación de la moción de censura contra la Ministra de Educación, Anna Katharina Müller, es un evento que resuena profundamente en la historia sociopolítica de Costa Rica, al convertirse en la segunda figura en recibir tal sanción, la cual no se efectuaba desde el caso de Juan Diego Castro Fernández en 1995.
Esta censura no solo refleja una desaprobación y rechazo profundo hacia la gestión administrativa, sino también una crítica al sistema educativo y a la representación política. En una sociedad que valoriza la educación como un pilar fundamental y principal mecanismo de movilidad social, la ineficiencia, ineptitud y falta de transparencia son inaceptables y constituyen un desdén hacia los valores democráticos y los derechos de la sociedad costarricense, a esta acción se suma el recurso de amparo presentado por estudiantes contra Müller, ante el incumplimiento de sus funciones e inacción ante la crisis.
Las personas educadoras y estudiantes de Costa Rica merecemos un liderazgo comprometido y efectivo. La censura recibida es un claro indicativo de la pérdida de confianza en la capacidad de la Ministra Müller para dirigir el Ministerio de Educación Pública (MEP). Esta situación demanda un cambio inmediato, ¡por el bien del sistema educativo y la dignidad del magisterio!
Ante la alarmante situación, hacemos un llamado a los poderes de la República y organizaciones a sumarse con determinación al Pacto por la Educación Pública, para la búsqueda colectiva de las soluciones y defensa de la educación costarricense.
Actualizaciones de la petición
Compartir esta petición
Petición creada en 5 de agosto de 2024