La costa del Canal Beagle en Tierra del Fuego está en riesgo ¿te sumás para salvarla?

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Las obras del Corredor del Beagle ya comenzaron y con ellas las irregularidades y el impacto sobre el patrimonio natural y cultural de la costa del canal, dañando injustificadamente el único tramo de las costas argentinas donde el bosque se une al mar. El proyecto consiste en la construcción de una ruta que conecte a la ciudad de Ushuaia con el Cabo San Pío a través de alrededor de 130 kilómetros de la Costa del Canal Beagle. Para ello es necesario desmontar bosques nativos, efectuar importantes voladuras, afectar turberas e intervenir yacimientos arqueológicos. Esto implicará un fuerte deterioro en algunos sectores de la traza, las únicas áreas de costa del Canal Beagle que se conservan con un bajo nivel de impacto antrópico y que tienen un gran valor ambiental y cultural y además de un alto interés para diversas actividades de bajo impacto por sus características únicas.

La obra se desglosa en tres tramos, que atraviesan un escenario natural imponente. El primero consiste en la apertura de una nueva ruta, conectando Ushuaia con Almanza, asentamiento de menos de 100 habitantes. Actualmente existe la Ruta Provincial J que conecta ambos poblados. El trayecto completo insume poco más de una hora de conducción y con un simple mejoramiento el acceso a Almanza quedaría solucionado.

El segundo tramo comprende el mejoramiento de una ruta existente entre Almanza y Rio Moat. Este mejoramiento implica el ensanchamiento exagerado de una ruta que actualmente es perfectamente funcional y solo requiere de un mantenimiento más frecuente.

El tramo tres es la apertura de nueva ruta desde Río Moat hasta Cabo San Pio, una región deshabitada. En este caso la obra pone en peligro importantes extensiones de turberas, humedales de gran importancia ambiental y que los expertos han considerado inviable.

Desde Asociación Manekenk, Asociación Bahía Encerrada y la Asociación de Profesionales de Turismo estamos reclamando al Gobierno de Tierra del Fuego que cumpla con su función y preserve la costa del Canal Beagle. Desde el comienzo hemos cuestionado la necesidad y la forma en que esta obra ha sido planteada y los hechos recientes confirman que nuestros temores nunca han sido infundados. A pesar de los cuestionamientos planteados por profesionales de diversas instituciones como el Centro Austral de Investigaciones Científicas (CONICET) y la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, el Gobierno avanzó con la obra sin tener en cuenta las observaciones realizadas. Hoy, a dos meses de iniciados los trabajos, las falencias e irregularidades comienzan a quedar en evidencia.

El mismo Gobierno ha reconocido que la empresa Luis Felipe Gancedo S.A., adjudicataria de la obra, ha incurrido en varias irregularidades graves, como desmontes no autorizados y ensanchamientos excesivos de la ruta. Los daños provocados son irreparables pues se ven afectados bosques centenarios y restos arqueológicos milenarios.

En vista de todo esto es que te invitamos a sumar tu firma para solicitar a la gobernadora Rosana Bertone que se tomen las medidas necesarias, acorde a lo que exigen las leyes vigentes y se tengan en cuenta las recomendaciones realizadas antes del inicio de la obra, para garantizar la preservación de nuestro ambiente natural, único y singular, y del patrimonio arqueológico y paleontológico en beneficio del pueblo de Tierra del Fuego.

Solo con la voluntad popular podremos evitar el deterioro y la destrucción de nuestro entorno y del legado cultural de los pueblos que nos precedieron.

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El proyecto denominado “CORREDOR DEL BEAGLE” fue adjudicado a la empresa constructora Luis Felipe Gancedo S.A. la cual ha iniciado su primera etapa, a pesar de las numerosas irregularidades que venimos denunciando desde el momento en que la obra fue adjudicada en el mes de abril de 2018.
Concebido por la actual administración provincial e inspirado en versiones previas que fueron desestimadas por la presión social, desde sus inicios ha demostrado confusos y diversos aspectos que nos alertaron acerca del riesgo que correría tanto el patrimonio natural como el cultural.
En este sentido, hemos solicitado información a las propias autoridades amparados en la Ley de acceso a la información pública y con esos datos pudimos corroborar que no estaba garantizado el resguardo del patrimonio en juego.
El pliego licitatorio “desdobló” los informes de impacto ambiental haciendo caso omiso de lo establecido en la Ley Provincial N° 55 y su Decreto Reglamentario N° 1333/93, creando confusiones y contradicciones entre los funcionarios actuantes. De este modo, el impacto arqueológico y paleontológico sería evaluado en el marco jurídico que ofrece la Ley Provincial N° 370 y el impacto por actividades mineras bajo la Ley Nacional N° 25473, las cuales NO requieren en su articulado la socialización de los resultados, vulnerando así el espíritu tanto de la ley provincial como de la Ley General de Medio Ambiente N° 25675.
A esta altura de las circunstancias y habiendo realizado gestiones ante diversos organismos del ámbito provincial y nacional, no hemos logrado que las advertencias dirigidas hacia las autoridades hayan sido tenidas en cuenta por aquellos responsables de garantizar que el proyecto se desarrolle de manera respetuosa hacia el patrimonio natural cultural y dentro del marco jurídico vigente.
Entre ellas se encuentra la Fiscalía de Estado de Tierra del Fuego, el Poder Judicial de Tierra del Fuego; Dirección Nacional de Bosques dependiente de la Secretaría de Ambiente de la Nación; Defensoría del Pueblo de la Nación; Presidencia de la Nación (derivada al Ministerio del Interior y Obras Públicas), Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, Museo Argentino de Ciencias Naturales como autoridades de aplicación de la Ley N° 25743 en relación al resguardo del patrimonio arqueológico y paleontológico respectivamente. Finalmente, y a pesar de nuestros reclamos centrados en la baja calidad académica y lo incompleto de los informes y estudios disponibles, las autoridades consideraron que los pasos administrativos se habían cumplido, restando importancia y respondiendo a los planteos presentados en la Audiencia Pública de manera poco cuidada y sin rigor científico. Emitieron la correspondiente declaración de impacto Ambiental que habilitó el inicio de obra en los tramos donde corresponde mejora de la traza existente (Tramo I Sección 2, actual Ruta k de Almanza a Remolino y Tramo II , actual Ruta j de Almanza a Moat), a través de la Resolución Nro 700/18 emitida por la Secretaría de Ambiente, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático de Tierra del Fuego, autoridad de aplicación de la Ley Provincial N° 55 y a conciencia de no contar con los estudios de Impacto arqueológico-paleontológico ni el de actividades mineras.
Por otra parte, el Ministro de Obras y Servicios Públicos de Tierra del Fuego expresó “… los informes/estudios de Impacto Arqueológico a ser presentados serán puestos a disposición de la comunidad en una reunión informativa y participativa previo a cualquier otro trámite…”. Y a pesar que hace referencia a la Ley Provincial N° 55, no se ha dado cumplimiento a la Audiencia Pública correspondiente ni se ha convocado a una reunión pese a lo considerado por la Fiscalía de Estado: “la instancia participativa ... es de suma relevancia ya que procura incorporar las opiniones y puntos de vista de quienes puedan resultar afectados por la actividad o el proyecto; contribuir en la reducción de posibles errores; dotar de mayor eficacia y consenso la decisión que se adopte y evitar reacciones imprevistas de la comunidad en contra de aquellos”.
Con fecha 13 de enero de 2019, (a más de un mes de realizada la Audiencia Pública), la empresa constructora entregó el Estudio de Impacto Arqueológico a la Secretaría de Cultura, el cual fue luego supervisado y aprobado por el Ingeniero – Arqueólogo Sergio A. Cano (quien no pertenece a la Secretaría de Cultura). De ambos productos correspondería obtener una declaración por parte de la autoridad de aplicación y de la cual estamos esperando presentación en una instancia participativa tal como se detalló en el párrafo anterior. Sin embargo, el Secretario de Cultura de la Provincia, Sr. Gonzalo Zamora manifiesta el día 19 de diciembre de 2018 (¡un mes antes de realizada la Evaluación de impacto Arqueológico!) que “Es opinión de esta Secretaría como Autoridad de Aplicación de la Ley Provincial N° 370, que el E.I.A. da cumplimiento a lo requerido por el Decreto 1333/93, capitulo VII, articulo 10”.
Lamentablemente tampoco consta que la Secretaría de Cultura esté supervisando los trabajos en desarrollo, ya que hace pocas semanas ha despedido de su planta al único arqueólogo de dicha dependencia, de manera que no podemos saber si quienes están operando en los tramos aprobados, han detectado o intervenido yacimientos arqueológicos y/o paleontológicos porque sencillamente la Sec de Cultura no tiene personal para realizar sus funciones como autoridad de aplicación de la Ley Provincial Nº 370.Los tramos en los que la empresa ha sido autorizada a iniciar la obra son los que coinciden con la ruta existente (Ruta J) y donde deben realizar mejoras exclusivamente sobre el camino actual. En cuanto a las tareas realizadas por la empresa ya hemos presentado denuncias de los excesos cometidos hasta el presente, las cuales se hallan en curso. En nuestros recorridos no hemos observado cartelería referente a la obra ni señalética de precaución advirtiendo que se hallan maquinaria vial, operarios trabajando, movimiento de camiones que transportan áridos, etc. en actividad en la Ruta J, reflejando una actitud poco cuidadosa por parte de la empresa y ausencia de control por parte de la administración provincial.
A todo esto se suma que las obras y colocación de obrador se instalaron en tierras privadas pertenecientes a Estancia Harberton (Km 59 ruta J) sin ningún tipo de permiso de los propietarios ni juicio de expropiación finalizado, causando un impacto considerable al bosque costero, a los yacimientos arqueólgicos de la zona, la provisión de agua potable de la Estancia y sobre todo vulnerando el derecho constitucional a la propiedad privada.
Por otra parte, aún está pendiente la autorización para tramos donde se deberá realizar apertura de traza, a lo largo de la costa del Canal Beagle, /Tramo I-Sección 1 y Tramo III) poniendo en juego suelo, cobertura vegetal, fauna, subsuelo, turberas, cursos de agua, sumado a la inevitable remoción de yacimientos arqueológicos cuya alta densidad se conoce pero que no han sido prospectados de acuerdo con los requerimientos vigentes.

¡SUMATE!

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