Carta por la Legalización del Derecho al Aborto Legal - Comunidad de Paso de los Libres

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                                                         Paso de los Libres, Corrientes , mayo de 2018
 

A los representantes del pueblo Argentino, Diputadas y Diputados:


  En el marco de los debates públicos sobre la legalización del derecho al aborto en Argentina, y  considerando el momento histórico que hace posible este fenómeno de lucha, los abajo firmantes nos expresamos como ciudadanos y ciudadanas autoconvocados de la Ciudad de Paso de los Libres para dar a conocer nuestra posición en lo referido a la legislación, reglamentación y aplicación de políticas públicas que sean respetuosas de los derechos humanos de los habitantes del territorio nacional.

  Nos manifestamos, porque somos ciudadanos plenos de derechos y obligaciones, y la no adhesión de la provincia de Corrientes al Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo representa una violencia de carácter simbólico e institucional hacia mujeres, niñas, adolescentes y víctimas de abuso sexual.

  Los vecinos de Paso de los Libres,  provenientes y partícipes de una diversidad de ámbitos socioculturales, coincidimos en la necesidad de tener una legislación que apoye y contenga el derecho a decidir de mujeres, niñas y adolescentes de nuestra comunidad. Entendiendo que la legislación acerca de la vida de las personas, y la planificación familiar, debe dejar por fuera cualquier tipo de creencia o posición moral, priorizando sus decisiones y, sobre todo, sus vidas.

  Expresamos, no sólo nuestra posición frente al debate, sino también la necesidad como comunidad de la articulación de diferentes sectores e instituciones del Estado que realicen acciones en lo concerniente a la salud pública, educación y desarrollo social. Áreas entre las cuales el proyecto de ley propuesto por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito resulta transversal.


  La provincia de Corrientes, en palabras de algunos referentes políticos y de la Salud Pública, declara que las prácticas de aborto en condiciones clandestinas no representan una problemática para las mujeres correntinas, basándose en que las estadísticas no reflejan mortalidad materno infantil por abortos. Frente a esto entendemos que :

  Las estadísticas no son fiables y son parciales, como lo son todas las cifras que se refieren a prácticas ilegales.
  Las bajas cifras de complicaciones médicas y muertes materno-infantil no reflejan eficacia en políticas públicas. Más bien, son el resultado de la participación activa de redes ciudadanas que proveen información y asesoramiento gratuito a mujeres en situaciones de embarazos no deseados. Garantizando que las prácticas sean asépticas y cuidadosas, realizando así, acciones que son responsabilidad del Estado.
  Los abortos realizados por profesionales de la salud matriculados certifican, en la ilegalidad, que dichas prácticas sean seguras, a la vez que aumentan su patrimonio a costa de las necesidades de las mujeres.

  Exigimos el cumplimiento de la Ley Nacional 26.150 que garantiza a todos los educandos el acceso a una Educación Sexual Integral que articule aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. Con énfasis en las instituciones educativas confesionales que se muestran contrarias a la aplicación de dicha ley; La implementación de dispositivos de consejería en salud sexual y reproductiva en centros comunitarios estatales; La separación de la Iglesia Católica del Estado que, con posturas anacrónicas, interfiere en la legislación y aplicación de políticas públicas; Por último, que no se postergue más y se brinde a todas las mujeres correntinas el acceso a ejercer libremente el derecho al aborto legal, seguro, gratuito y sin objeciones de conciencia.

 



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