Reforma constitucional que obliga a los servidores públicos a presentar y aprobar las evaluaciones de control de confianza, de desempeño y de competencias profesionales.

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Iniciativa ciudadana contra la corrupción. 

La sociedad mexicana ha exigido el combate eficaz contra la corrupción y la impunidad y ha demandado cada vez con mucha mayor intensidad una solución de fondo más que de forma a estos males que han sido generadores de pobreza, desigualdad, desempleo y de la desintegración del tejido social que se refleja en niveles insostenibles de inseguridad y violencia, han desincentivado la inversión privada para la generación de empleos mejor pagados y han estimulado a quienes nos gobiernan a que dispongan indebidamente  de los recursos públicos para su beneficio personal sin el temor a ser castigados. La corrupción y la impunidad como epidemia en México han llegado a tal punto de poner en riesgo la supervivencia misma del Estado, ante la crisis de legitimidad y la desconfianza que tienen los mexicanos en sus instituciones de gobierno.

Los escándalos de corrupción de funcionarios en los tres niveles de gobierno son cada vez más frecuentes, lo que hace que los ciudadanos demandemos a las autoridades con mucha mayor energía, castigo y cero tolerancia a servidores públicos corruptos, cárcel sin distinción de colores partidistas y el decomiso y devolución de los bienes producto de actividades ilícitas. 

Es urgente establecer en nuestra constitución y en las leyes secundarias, los filtros adecuados para cerrarles el paso a todos aquellos que solo buscan llegar al gobierno para enriquecerse, para traficar con las influencias y obtener beneficios que por ley no les corresponden, como los diezmos en el otorgamientos de contratos y adquisiciones, los famosos moches y los bonos indebidos de los diputados, hacerse de bienes muebles e inmuebles y una lista interminable de beneficios mal habidos y al margen de las leyes anticorrupción recientemente promulgadas.

Como es del conocimiento público, el Sistema Nacional Anticorrupción entró en operación el 19 de Julio de 2017, con la finalidad de combatir a fondo el mal crónico de la corrupción; para hacer este Sistema posible fue necesario la creación de cuatro nuevas leyes y reformar tres ya existentes así como la apertura de espacios de participación a la sociedad civil a través de Fiscalía Anticorrupción y el Comité de Participación Ciudadana. 

El espíritu del Sistema Nacional Anticorrupción es que sea presidido por ciudadanos y que sirva a los ciudadanos. Este Sistema crea instituciones fuertes y autónomas para prevenir y castigar la corrupción y se encargará de coordinar a las autoridades, federales, estatales y municipales, en la prevención, investigación y en la sanción de las faltas administrativas y los hechos de corrupción.

Las leyes secundarias nuevas que integran el Sistema Nacional Anticorrupción son Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y, las que tuvieron reformas sustanciales son las ya existentes Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, Código Penal Federal y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

De darse la aplicación efectiva y eficaz del Sistema Nacional Anticorrupción sin duda se logrará prevenir muchos de los actos de corrupción ya conocidos por los mexicanos, además de que el mismo Sistema está obligado a establecer Códigos de Ética, protocolos de actuación y mecanismos de autorregulación bajo los cuales se tendrán que conducir los servidores públicos de los tres niveles de gobierno.

Como una medida de fortalecimiento a lo arriba citado y en el ánimo de recobrar la confianza ciudadana en nuestras instituciones e impulsar decididamente el combate a la corrupción, es fundamental establecer en nuestra Constitución General de la República los candados adecuados que garantice que los servidores públicos en general cumplan con los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

En esa tesitura, lo que se pretende lograr es que quienes sean o pretendan ser servidores públicos se sometan a la presentación y aprobación de las evaluaciones de control de confianza, de desempeño y de competencias profesionales que para tal efecto establezca el Sistema Nacional Anticorrupción.

La propuesta es que se aplique a través del Sistema Nacional Anticorrupción, el modelo vigente del Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Procuraduría General de la Republica, el cual tiene a su cargo la aplicación, calificación y valoración de los procesos de evaluación de control de confianza, del desempeño y competencias profesionales que se aplican para el ingreso y permanencia de los servidores públicos, estas Evaluaciones de Control de Confianza constan de 5 exámenes:

1.       Entorno social y situación patrimonial: se verifica la congruencia en la información proporcionada y la documentación presentada, con el fin de analizar si el entorno en el cual se desarrolla el servidor público se apega a los principios que rigen a la institución.

2.       Psicológico: busca conocer e identificar las características de personalidad, inteligencia y habilidades generales del personal evaluado.

3.       Poligráfico: a través de reacciones psicofisiológicas se detecta si el evaluado se conduce con veracidad en la información que proporciona y su conducta se rige por los principios constitucionales y legales del servicio público.

4.       Médico: se aplica para conocer el estado general de salud, detectar alguna enfermedad o padecimiento.

5.       Toxicológico: Determina si el servidor público ha ingerido o ingiere sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares;

​​En relación con la Evaluación de Competencias lo que se busca es determinar si los servidores públicos cuentan con los conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes, necesarias para realizar una función en específico.

La Evaluación del Desempeño es con el propósito de analizar la actitud y comportamiento en el ejercicio de las funciones realizadas por los servidores públicos, a fin de identificar aquellos factores que inciden en su desarrollo profesional y así establecer programas y acciones para mejorar su desempeño.

En cuanto a la Certificación el Sistema Nacional Anticorrupción determinará la vigencia y se expedirá al concluir los procesos de evaluación y control de confianza, del desempeño y de competencias profesionales, y tendrá por objeto acreditar que la persona evaluada es aprobada para ingresar o permanecer en el servicio público y que cuenta con los conocimientos, perfil, habilidades y aptitudes necesarias para el desempeño de su cargo. 

De lograrse esta reforma ​​constitucional, la aplicación de la medida sería para todos los servidores públicos a que hace alusión el Artículo 108 de nuestra Constitución General de la República, es decir,  a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que la Constitución otorgue autonomía y a quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. 

Para lograr lo anterior, es necesario adicionar el último párrafo del Artículo 108 de nuestra Constitución General, para quedar como sigue:

 Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

 

El Presidente de la República, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

 

Los ejecutivos de las entidades federativas, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

 

Las Constituciones de las entidades federativas precisarán, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

Los servidores públicos a que se refiere el presente artículo estarán obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes en los términos que determine la ley, y a presentar y aprobar las evaluaciones de control de confianza, de desempeño y de competencias profesionales que para tal efecto establezca el Sistema Nacional Anticorrupción.

 

Atentamente

Mario Alberto Guevara Rodríguez (rúbrica).

email: mr.marioguevara@yahoo.com.mx

Fuentes: Centro de Evaluación y Control, Procuraduría General de la República. Sistema Nacional Anticorrupción. Constitución General de la República, Cámara de Diputados.



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