Urge que gobierno de Rafael Moreno Valle frene sintomática serie de feminicidios y, sobre todo, que ahonde, analice y materialice una estrategia que contenga la aterradora  ola de homicidios contra embarazadas. El 20 de febrero de 2016 fue encontrado el cadáver de Samai Alejandra Marquez Salgado,  de 25 años de edad, en las inmediaciones de la presa de Valsequillo. Samai tenía dos meses de embarazo cuando desapareció el pasado 17 de febrero, tras abordar un taxi de Valsequillo a la zona de Angelópolis. El cuerpo presentaba lesiones en el rostro y golpes en el cuerpo y los mismos tatuajes de la joven desaparecida. Sus parientes, pareja de Samai y el taxista que la vio por última vez ya declararon ante la dependencia. El ruletero comentó que la víctima se comunico con su madre, durante el trayecto. En la última semana de agosto de 2015, Paulina Camargo, de 19 años, tenía un embarazo de 18 semanas, y fue asesinada por su novio José María Sosa Álvarez, quien arrojó los restos a la basura porque no quiso asumir su responsabilidad como padre. El 30 de enero de 2014, por siete mil pesos, dos sujetos participaron en el asesinato de Karla López Albert, de 31 años, planeado por su ex novio Manuel Forcelledo Nader porque quería obligarla a abortar, quien ya tenía cinco meses de embarazo. Iraís Ortega Pérez, estudiante de Cultura Física de la BUAP, tenía seis meses de embarazo. Su novio, Juan Carlos Sánchez Pérez la asesinó en octubre de 2014 porque no quería abortar. Le inyectó una sustancia tóxica, después metió el cadáver en una maleta y lo abandonó en un basurero. Estos son sólo tres trágicos eventos ocurridos en una parte de la sociedad poblana que considera que las mujeres deben obedecer ciegamente y donde los feminicidios o se permiten, no se indagan a fondo o no se castigan.