Dimisión de R. Catalá por perseguir a las fiscales que investigan al presidente murciano

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El magistrado que instruye en la Audiencia Nacional el caso Púnica, Eloy Velasco, señaló el pasado lunes, 13 de febrero, al presidente de Murcia, el conservador Pedro Antonio Sánchez, como uno de los implicados en la trama corrupta por presuntos delitos de cohecho, fraude y revelación de información.

El anuncio del juez Velasco se produjo pese al desacuerdo del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y de la teniente fiscal de Anticorrupción Belén Suárez, quienes se opusieron al informe suscrito por las fiscales Carmen García y Teresa Gálvez. Las dos fiscales involucraban a Sánchez en un "plan criminal" y pedían su imputación, pero la Fiscalía General ordenó no acusar al presidente de Murcia y elaboró otro informe paralelo, firmado por Belén Suárez pero no por las dos fiscales asignadas al caso.

Pedro Antonio Sánchez, además, supo antes que García y Gálvez que la cadena de mando de la Fiscalía del Supremo se había pronunciado en bloque en contra de su imputación. En una entrevista en la Cadena Cope, Sánchez presumió de saber quién había firmado su informe favorable, a pesar de que el dato no era público. Según señaló el diario La Verdad de Murcia, Catalá se reunió con Sánchez antes de que éste presumiera de conocer la información reservada sobre su caso. Pese a que el ministro calificó esa reunión como "casual", unas imágenes grabadas por La Sexta muestran al ministro intentando localizar por teléfono a "Pedro Antonio" durante el Congreso del PP celebrado en Madrid en vísperas del auto del juez Velasco.

Ante la concatenación de acontecimientos, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, únicamente valoró como "anómalo" que las fiscales del caso Púnica se negaran a firmar el escrito favorable de la Fiscalía Antocorrupción y, además, que la discrepancia se haya divulgado. "Quizá quien tiene el problema son las fiscales, ya que no se ha mantenido su criterio", apuntó el ministro. Respecto al presidente murciano, este último martes Catalá defendió que "no es el momento" de exigirle responsabilidades políticas.

Las tres principales asociaciones de fiscales ya han condenado las palabras del ministro, e incluso la Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha pedido también su dimisión.



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